Decenas de manifestantes se concentraron a última hora de la tarde de este lunes frente a la casa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la intención de hacerles llegar su oposición a la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, y en el contexto de protestas que se iniciaron en el barrio de Salamanca de Madrid y con los días se han extendido por distintas zonas de la capital española.
La presencia de varios vehículos de la Guardia Civil, hasta cinco en las inmediaciones del domicilio, disuadió las intenciones de los manifestantes, un hecho que ha sido ampliamente comentado en las redes sociales por sectores proclives a la derecha y ultraderecha.
Estos han contrapuesto la escena de Galapar a algunos 'escraches' vividos en el pasado por oponentes políticos de la pareja que dirige Podemos, como el de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Otra de las 'escracheadas' en el pasado, la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes (PP), ha afeado la presencia policial frente al domicilio de Iglesias, y ha traído a colación un producto de la hemeroteca, cuando el ahora vicepresidente del Ejecutivo tildaba estas protestas como «jarabe democrático» contra los poderosos.
Por su parte, voces socialistas como la portavoz en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, han denunciado el comportamiento de un puñado de manifestantes que protestaron cerca del domicilio de otro ministro, en este caso el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos.
En dicha protesta se vivió algún instante de tensión entre los concentrados y familiares del ministro, según informa la prensa nacional.
La crispada situación política en la capital madrileña ha sido comentada, también, por voces populares, como el senador Rafael Hernando.
Durante la tarde noche de este martes la Guardia Civil ha reforzado el dispositivo de seguridad desplegado en la urbanización de Galapagar (Madrid) donde se ubica la vivienda del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la colocación de vallas y el acceso limitado únicamente a residentes.