La pandemia de la COVID-19 ha alterado la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Entre los primeros afectados se encuentra la comunidad educativa, que tuvo que suspender sus actividades presenciales casi en el mismo inicio de las infecciones. La ministra Isabel Celaá responde a las dudas que suscita la actual situación.
Se ha anunciado el inicio del próximo curso para septiembre. ¿Hay fecha concreta?
—El día lo fijan las comunidades. Hay una horquilla amplia, habida cuenta de que tienen que cumplir como mínimo los 175 días de escolarización obligatoria.
Los padres se quejan de haberse enterado con el anuncio del plan de desescalada. ¿No se ha consensuado con la comunidad educativa?
—No ha sido objeto de discusión, todo el mundo sabe que el curso empieza en septiembre. Lo que se trata en la conferencia sectorial con las comunidades es cómo concluimos este, que acabará a finales de junio: la adaptación del currículo, cómo evaluar y luego la promoción.
¿En alguna comunidad los niños podrían volver a las aulas este trimestre?
—Claro, en función de las fases de desescalada. La 1 contempla la apertura administrativa de los centros, empezando por su desinfección. Los centros tienen que hacer muchas tareas, entre ellas preparar el curso siguiente, para lo que necesitan abrir la matriculación.
¿Cada centro podrá decidir que sus alumnos vayan a clase?
—Será la fase 2, en la que las escuelas abren para los alumnos que afrontan un examen serio, como los de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato o ciclos superiores de FP. También Educación Especial, por tener menos alumnos y garantizar las condiciones sanitarias, y la Infantil de 0 a 6 años, si los padres acreditan que no pueden atender al niño porque trabajan. Y los centros de Primaria o Secundaria con alumnos con necesidad de refuerzo.
¿Tendrán medidas de protección garantizadas?
—Evidentemente, nuestra obligación es garantizar que el profesorado tenga la protección adecuada para la atención al alumnado.
¿Qué pasa con los niños de más de 6 años cuyos padres también deben ir a trabajar?
—Hasta que no tengamos un remedio o una vacuna la única herramienta para combatir al virus es el confinamiento. No podemos poner en riesgo todo lo avanzado. Si hablamos, por poner una cifra, de tres millones de niños en Primaria, que acuden al colegio acompañados por un adulto, imaginemos el movimiento que se produce. Además, si todos los niños acuden a la vez no podremos salvaguardar la distancia obligada.
¿Hay algún plan para garantizar la distancia de seguridad?
—Es en lo que estamos trabajando para el curso 20-21. Si no hay un remedio, los centros tendrán que estar a la mitad de su capacidad. Esto obliga a que una parte de alumnos estén trabajando presencialmente y otra parte, telemáticamente.
Hay hogares sin acceso a internet, lo que ahonda la desigualdad. ¿Saben cuántos son paran para dotarlos de medios o garantizarles clases en aula?
—La digitalización es un principio rector de la ley que tramitamos en el Congreso. Afortunadamente, en España el 85 % del territorio tiene banda ancha y tenemos escuelas conectadas. Sin embargo, todavía tenemos que abordar la brecha digital. Hay un porcentaje de alumnado, no tan alto como piensan algunos, sin recurso digital o que se ha visto obligado a compartirlo con sus hermanos o sus padres. Estamos identificándolos para proveerles de recursos.
¿Cómo lo concretan?
—Con acuerdos con empresas, como Telefónica, hemos repartido recursos por comunidades. Hablamos de 20.000 tarjetas de datos. Hemos conseguido algunas otras a través de Xiaomi, Orange… A su vez los gobiernos autonómicos hacen lo propio, y desde el Ministerio preparamos alguna otra actuación pública. Lo más problemático no es la brecha digital, que se resuelve con recursos, sino la brecha social. La pérdida de la escuela presencial ahonda la desigualdad.
¿Tienen manera de medir esa brecha para combatirla?
—El comienzo del curso primero va a ser de refuerzo de aquellos contenidos esenciales en los que no se ha profundizado en el final de este 19-20. Por eso es tan importante la modificación del currículo. Ahí es donde se verá exactamente qué se refuerza. Pero también ahora, en el tercer trimestre, que no puede perjudicar al alumno.
Si cada comunidad evalúa diferente, los estudiantes se verán penalizados o beneficiados según donde vivan.
—Esencialmente no se va a hacer de manera diferente porque los profesionales saben cómo evaluar a sus alumnos y conocen las circunstancias. Se mide la superación de los objetivos generales de la evaluación o de las competencias en FP. Lo que hemos dicho, con la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, es que, como el tercer trimestre no va a pesar negativamente, hay suficientes factores para una evaluación justa.
Hay comunidades que rechazan el paso de curso generalizado, salvo en casos excepcionales. ¿No unificar los criterios es injusto?
—El estado de alarma no modifica la legislación vigente y no retira las competencias a las comunidades en materia educativa. ¿Quién evalúa siempre a los alumnos? La Junta de Evaluación, un conjunto del profesorado que actúa colegiadamente. Lo que decimos es que siga haciendo su labor.
¿Habrá más becas?
—Estamos viendo cuál es el coste económico de cambiar los requerimientos académicos para su aumento. No hay una decisión, pero saldrán en tiempo y forma.