El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este viernes de que «nos enfrentamos a una perturbación sin precedentes» en la economía, que tendrá una intensidad aún «incierta» pero en cualquier caso «notable».
Las consecuencias de la epidemia de coronavirus supondrán un deterioro de la actividad económica que podría ser «muy acusado en el corto plazo», añade en unas declaraciones distribuidas por el Banco de España.
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La intensidad de la crisis, que aún no es posible evaluar, es «incierta» pero en cualquier caso será «notable», por lo que las políticas públicas serán cruciales para evitar que la «transitoria» caída de la actividad económica se transforme en persistente.
En este contexto, «una mayor ambición y coordinación de la respuesta a escala europea no es una opción; es una necesidad», considera el gobernador, que subraya que la dimensión de la perturbación «hace necesaria una mayor ambición de las políticas fiscales europeas comunes», ya sea a través de las herramientas disponibles o con otras nuevas.
En ese sentido, apunta a la posibilidad de reforzar las herramientas comunes con un mecanismo para compartir los riesgos presupuestarios de los países individuales.
El Banco Central Europeo (BCE) viene reclamando en las últimas semanas a los países europeos que adopten mecanismos fiscales que ayuden a las medidas monetarias y de liquidez que él puede implantar.
En sus declaraciones, el gobernador repasa la evolución de los mercados financieros globales en las últimas semanas, a medida que empeoraba la emergencia sanitaria, y las medidas adoptadas desde las instituciones europeas.
Así, valora la «flexibilidad» del programa de compras lanzado por el BCE porque ayudará a evitar deterioros adicionales en las condiciones financieras de la zona euro garantizando así que todos los sectores económicos disfruten de «condiciones de financiación favorables». «Es importante subrayar que los límites autoimpuestos en los programas de compras podrán relajarse si se considera necesario», ha insistido.
Estas medidas se ven complementadas con las iniciativas puestas en marcha por el Mecanismo Único de Supervisión bancaria para asegurar que el crédito llegue a la economía real y por las adoptadas por los distintos gobiernos para ayudar a familias y empresas, incluidos los avales públicos, que constituyen «la primera línea de acción» para afrontar la crisis.