Los nietos de Francisco Franco han presentado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda contra el Estado español por la decisión del Gobierno de exhumar al dictador del Valle de los Caídos y enterrarle en el cementerio de Mingorrubio de El Pardo en Madrid.
La demanda ha sido presentada por la familia Martínez-Bordiu Franco y está firmada por el letrado Luis Felipe Utrera-Molina, de JY Hernández Canut Abogados, informa este despacho.
Los familia de Franco entiende que los acuerdos del Consejo de Ministros de febrero y marzo de 2019 que aprobaron la exhumación de la basílica del Valle de los Caídos en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial y la inhumación en el cementerio de El Pardo y las resoluciones de los tribunales Supremo y Constitucional que los confirmó vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En concreto alega que se ha vulnerado el derecho a la vida privada y familiar, la prohibición de discriminación y el derecho a un proceso equitativo.
Los demandantes estiman que la exhumación de los restos mortales de Franco se realizó con fundamento en una ley que no cumple los requisitos de generalidad y claridad exigidos por dicho convenio europeo.
Consideran que bajo la apariencia de una legislación general e imparcial el real decreto de reforma de la Ley de Memoria Histórica no tenía otro objetivo que el de proceder exclusivamente a la exhumación de los restos mortales de Franco.
Argumentan que se trata de una ley singular que altera y disminuye las garantías del derecho a disponer de los restos mortales de los familiares fallecidos.
Por ello mantienen que no se satisface el requisito de generalidad de la ley exigido por el TEDH y tampoco responde a ninguno de los motivos recogidos en el convenio europeo que pueden justificar una limitación del derecho a la vida privada y familiar.
Recuerda que los mismos son seguridad nacional, seguridad pública, bienestar económico del país, defensa del orden y prevención de infracciones penales, protección de la salud o de la moral y protección de los derechos y libertades de los demás.
Según señala la demanda los acuerdos del Ejecutivo español han vulnerado el propio real decreto al «ignorar la designación por los familiares del lugar de reinhumación de los restos mortales de Franco y al fijar arbitrariamente un lugar de titularidad estatal contra la expresa voluntad de la familia».
Añade que los familiares se ven obligados a solicitar autorización del Gobierno cada vez que quieren visitar la tumba de sus abuelos.
Para la familia «el Consejo de Ministros ha expropiado de hecho el cadáver de Francisco Franco» al vulnerar el derecho de las personas a decidir sobre el destino de los restos mortales de sus familiares.
Por otra parte, los familiares alegan discriminación pues «de todos los inhumados en el Valle de los Caídos que no hubieran fallecido a resultas de la guerra civil, cuyo número asciende a 192, solo se ha producido la exhumación de Francisco Franco sin que a la luz de las declaraciones públicas de los miembros del Gobierno la ley vaya a tener otra aplicación».