La exconsellera Dolors Bassa ha salido este lunes de la cárcel gerundense de Puig de les Basses para cuidar de un familiar, por lo que es la primera miembro del Govern de Carles Puigdemont que abandona durante el día la prisión en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
Bassa, que cumple una condena de 12 años de cárcel por sedición, ha salido de la cárcel de Puig de les Basses al mediodía, después de que la junta de tratamiento acordó el pasado jueves, 13 de febrero, aplicarle el artículo 100.2.
En concreto, la cárcel gerundense acordó permitir a Bassa salir de prisión tres días a la semana, ocho horas cada jornada, para cuidar de un familiar de edad avanzada. La exconsellera ha salido de la prisión a las 11:59 horas acompañada por varios familiares, entre ellos su hermana, la diputada de ERC en el Congreso Montse Bassa, que la han ido a buscar en un vehículo.
De esta forma, Dolors Bassa es la primera exconsellera del Govern de Carles Puigdemont condenada tras el juicio en el Tribunal Supremo a la cúpula del procés en poder salir de la prisión en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, del que ya disfrutan el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
Hasta el momento, las cárceles catalanas han aplicado el artículo 100.2 a cinco de los nueve líderes del procés condenados a penas de cárcel por el Supremo: Jordi Cuixart, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Dolors Bassa y el exconseller de Interior Joaquim Forn.
Por el momento, ya han salido de prisión en virtud de este artículo Cuixart -el pasado 13 de febrero por primera vez, para ir a trabajar a su empresa y para hacer tareas de voluntariado-, Forcadell -que lo ha estrenado este lunes para ir a cuidar de su madre y hacer voluntariado- y Bassa.
De los cinco casos en que las cárceles han acordado aplicar el artículo 100.2, medida que es de aplicación inmediata y que requiere de la ulterior aprobación del juez de vigilancia penitenciaria, hasta el momento la Fiscalía únicamente ha pedido que se revoque la de Cuixart, al considerar que su condena también tiene un fin de «intimidación» a la sociedad para disuadir la comisión de delitos.
La consellera de Justicia, Ester Capella, aseguró la semana pasada que es «previsible» que se pueda aplicar el artículo 100.2 a los nueve presos del procés y no descartó que a alguno de ellos se le conceda el tercer grado cuando se revise antes de junio su actual clasificación.
El 100.2 lo proponen las juntas de tratamiento de las cárceles -integradas por juristas, psicólogos, educadores sociales, médicos y maestros- y los eventuales recursos se agotan en la Audiencia de Barcelona, a diferencia de la clasificación penitenciaria, en que la última palabra la tiene el tribunal sentenciador.