El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha avanzado que las prioridades de su departamento serán garantizar un ingreso mínimo para todos los hogares lo antes posible, un plan de choque para impulsar el Sistema de Dependencia y una ley de los Servicios Sociales.
Durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, a petición propia y también de los partidos PP, Cs, ERC y Vox, Iglesias ha asumido el compromiso de hacerse «cargo de la grave situación social» que atraviesa España, tal y como visibilizó el relator del ONU, para que en el futuro no volvamos a «sentir vergüenza» siendo la cuarta economía de la UE.
El vicepresidente ha destacado la voluntad del Ejecutivo de convertir en realidad «lo antes posible» el ingreso mínimo vital para todos los hogares, «una prestación estatal de la Seguridad Social que mejore la garantía de ingresos para toda la población».
También, una ley de protección de los menores frente a la violencia, «análoga a la ley de violencia de género» y un plan de choque para «reimpulsar» el sistema público de atención a la Dependencia «que no ha sido capaz de atender a la población por la falta de financiación» tras los recortes de 2012, con la intención de reducir la lista de espera de los dependientes un 75 por ciento.
Iglesias ha anunciado el impulso de los servicios sociales a través de una ley marco y otra ley de diversidad familiar «para reconocer las diferentes estructuras familiares», con medidas para familias acogedoras, monoparentales o de apoyo a la adopción de personas LGTBI, entre otras.
Ha apostado por consolidar y reforzar el cuarto pilar del Estado de bienestar y ha destacado que «la educación pública -desde etapa infantil- es imprescindible para garantizar las igualdad de oportunidades».
«España debe aumentar el gasto social, pero mejorando la eficacia redistributiva», ha dicho Iglesias, quien ha opinado que «la buena noticia es que el sistema fiscal cuenta con amplios márgenes de mejora», incorporando reformas en la tributación de la riqueza para eliminar algunos privilegios fiscales de los que se benefician las empresas.
Respecto a la Agenda 2030, ha expresado su intención de convertir a España en un «ejemplo mundial» de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pasando de «las buenas intenciones o del lavado social y verde de los poderosos» a un compromiso firme.
Para ello, ha dicho, se precisan unos «presupuestos coherentes y alineados con la Agenda 2030».
En este ámbito, ha agradecido el esfuerzo de la sociedad civil y de los movimientos sociales «por movilizarse durante estos años en la defensa de los derechos sociales y por tanto de la Democracia».