El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha propuesto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, iniciar en este mes de febrero los trabajos de la mesa de diálogo sobre el conflicto político pactada con ERC en el acuerdo de investidura.
Además y, entre otras cosas, le ha prometido estudiar las propuestas tributarias de la Generalitat; una senda de déficit «más transitable»; atender las demandas sobre textos legislativos pendientes de recurso o sentencia; descentralizar ayudas y subvenciones; negociar la unidad de mercado; incluir en la Ley de Educación la normativa que afecta al modelo de escuela catalana e invertir en ferrocarril, puertos y El Prat.
Así figura en el documento para una «agenda de reencuentro» que Sánchez ha entregado a Torra en el curso de la reunión que mantienen desde las 12:00 horas en el Palau de la Generalitat y en el que se recuerda que el objetivo de esa mesa, compuesta por dos delegaciones paritarias del Ejecutivo español y el Govern catalán, tiene por objetivo «buscar soluciones políticas que reflejen los intereses de una amplia mayoría de catalanes».
A pesar de la presentación de este documento, que contiene 44 puntos, el Gobierno rebajaba esta semana las expectativas de acuerdo ante esta reunión y no preveía que de esta cita saliese la fecha de constitución de la mesa, entre otras cosas porque antes los dos socios del Govern, JxCat y ERC, tendría que acordar la que será su delegación.
En cualquier caso, el Ejecutivo español se decía dispuesto a constituirla de manera inmediata, a pesar de su amago -rápidamente rectificado- de posponer el inicio de los trabajos de la mesa a después de las elecciones catalanas, para las que aún no hay fecha pero que Torra ya ha anunciado que adelantará en cuanto se aprueben los Presupuestos de la Generalitat, previsiblemente a principios de abril.
La agenda para el reencuentro planteada por Sánchez se estructura en seis ejes, el primero de los cuales se refiere al diálogo político y a la regeneración institucional. En este apartado, Sánchez plantea asimismo «evitar la judicialización de la política» asumiendo que las soluciones que se busquen en la mesa de diálogo habrán de situarse «en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica».
Recuerda el compromiso del Gobierno de coalición en materia de memoria histórica, y en particular para «anular las condenas y sanciones» a las víctimas de la dictadura, entre ellas la del expresidente de la Generalitat Lluís Companys.
En el capítulo de financiación autonómica, el Gobierno adelanta que presentará «una senda más transitable» en materia de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado para mañana por la tarde. Es decir, que reducirá el déficit y la deuda pero relajando los objetivos para permitir, asegura el documento, la creación de empleo y el crecimiento económico.
Y promete a Cataluña cumplir con los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía, así como estudiar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los planteamientos tributarios de la Generalitat, de cara a elaborar el nuevo sistema de financiación autonómica. Un sistema que, dice, debe contar con la participación de todos los territorios y garantizar la lealtad y solidaridad entre los mismos, a la vez que una «justa distribución de los recursos públicos».
En el capítulo que dedica Moncloa a la Cooperación, destaca la disposición del Gobierno de escuchar y atender las demandas de la Generalitat sobre resoluciones y textos legislativos «pendientes de recurso o de sentencia». Aunque matiza que el Gobierno respetará la independencia y las resoluciones del Poder Judicial.
En cuanto a las delegaciones en el exterior de la Generalitat, le da un «sí con matices», al dejar claro que deben ajustarse a los principios contenidos en la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado.
Pero el Gobierno también se muestra dispuesto a descentralizar las ayudas y subvenciones y está abierto a negociar la unidad de mercado en el marco de la Comisión bilateral Generalitat-Estado.
Destaca, además, la propuesta de Pedro Sánchez de avanzar en el «corto plazo» en materia de becas, compensaciones por nuevas plazas judiciales y reclamaciones administrativas.
La propuesta dice estar abierta también a negociar en la Comisión Bilateral otras cuestiones como la reforma del sector eléctrico y el apoyo a la industria; la política comercial; derogar el voto rogado para facilitar el voto de los residentes en el exterior; se compromete a reformar el sistema de financiación local; colaborar en materia cultural; negociar la Ley del Deporte; negociar el IVA deducible de la Corporación Catalana de Medios y el multiplex -emitir por todas las plataformas posibles- de la citada Corporación; el apoyo a los Juegos Olímpicos de Invierno para 2030 y el apoyo al Mobile World Congress en Barcelona.
En cuanto a las políticas sociales y los servicios públicos, el documento deja claro que la nueva Ley de Educación contendrá la normativa que afecta al modelo de escuela catalana y se abre a negociar la gestión autonómica del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales; así como a negociar las leyes del tercer sector y del voluntariado y el Fondo de Ayuda Europeo para las Personas más Desfavorecidas (FEAD).
El Gobierno admite también negociar en la comisión bilateral las tasas judiciales y asistencia jurídica gratuita y la financiación de los Mossos. De hecho, se compromete a incluir en los Presupuestos el coste del incremento de la plantilla, así como la financiación del sistema nacional de salud y el de Dependencia, que considera como un área «prioritaria».
También se recogerá en el proyecto de Presupuestos para 2020 la mejora de las políticas activas de empleo y el apoyo a los Centros Especiales de Trabajo. A ello se añade la voluntad de mejorar la coordinación con las CCAA para mejorar la atención a los refugiados, además de crear un fondo de Asilo, Migración e Integración en colaboración con las comunidades autónomas; un programa de desarrollo rural para abordar el reto demográfico; la asistencia sanitaria universal básica y la lucha contra la pobreza energética.
En el capítulo de las infraestructuras, Sánchez le ha llevado a Torra el compromiso de invertir 1.500 millones en el Aeropuerto de El Prat en los próximos años, en la nueva ciudad aeroportuaria y avanzar en iniciativas como el Corredor Mediterráneo, las estaciones de Sants y La Sagrera y el Plan de Rodalíes, con partidas específicas en los Presupuestos de 2020.
También se compromete a impulsar las infraestructuras portuarias con nuevos accesos viario y ferroviarios al puerto de Barcelona y el desarrollo de políticas de vivienda.
Sánchez ha prometido a Torra que agilizará «lo máximo posible» las solicitudes de ayudas presentadas para las provincias afectadas por los incendios de la Ribera d'Ebre, la DANA y la borrasca Gloria. Se encuentran en su mayoría en fase de instrucción.