La asociación profesional AUGC, mayoritaria en la Guardia Civil, ha mostrado su «estupor» por el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez (PSOE) y el PNV que incluye el traspaso de las competencias de Tráfico en Navarra en un plazo de seis meses. En este sentido, anuncian un «duro calendario de movilizaciones si mandan al exilio a los 175 agentes» encargados de este cometido en la comunidad foral.
«No son los guardias civiles quienes tienen que servir para este intercambio de intereses, y mucho menos quienes han de pagar las consecuencias de quienes están al frente de las instituciones. Nuestro ámbito de actuación ha de ser en todo el territorio nacional, y no en una u otra parte en función de todo tipo de intereses ajenos a la seguridad pública», denuncian en un comunicado.
AUGC pide explicaciones a los responsables del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska y comparan el acuerdo sobre Navarra con lo ocurrido con anterioridad en el País Vasco y Cataluña.
«Ya ocurrió en Cataluña, también en el País Vasco, y desde AUGC, en defensa de los intereses de los guardias civiles y de la seguridad pública, no estamos dispuestos a que vuelva a ocurrir en la Comunidad Foral de Navarra. Nos referimos al documento consensuado y que han firmado este lunes, en el Congreso de los Diputados, el Gobierno en funciones y el PNV por el que alcanzan un acuerdo para la formación de Gobierno en España», señalan.
«Esto supondría el exilio de los 175 guardias civiles que desarrollan su labor como especialistas en la materia de tráfico en esta Comunidad, y que como ya ocurrió en el País Vasco y en Cataluña en el año 1998, fueron expulsados de las localidades donde prestaban su servicio, viéndose ellos y sus familias abocados a un traslado forzoso», han continuado.
AUGC señala especialmente a Grande-Marlaska y el director de la Guardia Civil, Félix Azón.
«Su inacción y falta de compromiso para defender a los casi doscientos guardias civiles de tráfico destinados en Navarra supondrá la enésima cesión en competencias de seguridad pública que lleva a la Guardia Civil a seguir cediendo espacio geográfico de actuación y competencias», censuran.