La Agencia Tributaria reconoce en un informe entregado a la Audiencia Nacional que el expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol defraudó en el año 2000 más de 885.000 euros, pero subraya que el delito ya está prescrito.
Así consta en un informe del pasado 15 de octubre que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, quien investiga el presunto origen ilícito de la fortuna de la familia Pujol Ferrusola.
«Aunque se trata de un ejercicio fiscal prescrito (2000), la cuota dejada de ingresar en el IRPF, según se detalla en la propuesta de regularización adjunta, por el ingreso en efectivo sin justificar realizado en la cuenta bancaria del obligado tributario, asciende a 885.651 euros», concluye el documento de Hacienda.
Estos impuestos dejados de abonar por el expresidente catalán corresponderían a un «ingreso en efectivo» de origen desconocido de 307 millones de pesetas (algo más de 1,8 millones de euros) que se produjo el 21 de septiembre de 2000 en una cuenta de la entidad andorrana Andbank.
El «titular formal» de esta cuenta, según las conclusiones del informe de la Onif, era Jordi Pujol Ferrusola, pero «su propietario real» era su padre, tal y como éste reconoció en un documento con membrete del mismo año 2000 --adjuntado al mismo informe-- en el que dejó escrito que en caso de fallecimiento el dinero debía pasar a su esposa, Marta Ferrusola.