La Audiencia Nacional ha condenado a los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, a tres años de prisión por los contratos ilícitos adjudicados por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) para su participación en la Feria Internacional de Turismo en 2004. Asimismo, el tribunal absuelve a cinco funcionarios de este consistorio por prescripción del delito.
La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha condenado a Correa y a su 'número dos' por los delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público y prevaricación como cooperadores necesarios; al igual que a Javier Nombela, extrabajador de las empresas de la Gürtel, a quien se le ha impuesto dos años y tres meses de cárcel, y a la que fuera administradora de las mismas Isabel Jordán a un año y dos meses de prisión.
El tribunal ha aplicado a todos ellos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que ha supuesto una condena inferior a la que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción. Correa, Crespo y Nombela se enfrentaban a siete años y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil; mientras que para Jordán se rebajó la solicitud de pena hasta el año y 11 meses de cárcel por su colaboración con la Justicia.
Además, los delitos de fraude a la Administración Pública y de falsedad en documento mercantil y la cometida por funcionario público han prescrito, lo que hace que los funcionarios del Ayuntamiento de Jerez enjuiciados, José Agüera, Manuel Báez, Lourdes Montenegro, Milagros Pérez y Milagros Abascal hayan resultado absueltos.
En este caso, el tribunal explica que la prescripción no puede apreciarse por igual para los funcionarios como para los responsables de las empresas Special Events y Down Town Consulting -sociedades de la Gürtel adjudicatarias-, pues en su caso debe considerarse un delito continuado de falsedad cometida por funcionario público porque fueron tres los contratos adjudicados de forma ilegal y arbitrarios.
Así, la sentencia recuerda que el tiempo estimado para que el delito no pueda penarse es de 15 años y que empieza a contar a partir de la fecha de la última de las resoluciones dictadas para llevar a cabo las adjudicaciones.
La sentencia de 161 páginas, y que se ha dado a conocer este miércoles, relata cómo el 'cabecilla' de la red corrupta, siguiendo el 'modus operandi', se aprovechó de su amistad con el fallecido Isidro Cuberos (también investigado), quien estaba relacionado con cargos públicos del Ayuntamiento que entonces dirigía María José García Pelayo. Así, «obtuvo ilícitamente» a favor de Special Events y Down Town Consulting la adjudicación de tres contratos por el importe de 214.028,71 euros.
Los contratos estaban relacionados con el montaje el expositor de la ciudad gaditana en Fitur en la edición de 2004 y en la organización, dentro del marco de la feria de turismo, un evento ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en el madrileño Parque del Retiro.
Según el tribunal, ha quedado acreditado que la adjudicación, gestionada por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), dependiente del Ayuntamiento de Jerez, fue irregular porque se hizo «directa de forma verbal» obviando así la normativa de contratación pública y los principios de publicidad y concurrencia, «con un resultado injusto para otras posibles empresas que hubieran podido presentarse al concurso público».
A esto hay que añadir que, destaca la Sala, que una vez terminada la feria, con el fin de dotar de apariencia de legalidad a los contratos, Correa y Crespo ordenaron a sus trabajadores la confección formal de las ofertas para incluirla en los correspondientes expedientes de contratación, pero con fecha anterior a su elaboración. En este sentido, el tribunal señala que todos estos documentos están «plagados de ilegalidades y arbitrariedades para sortear los controles de legalidad».
Pese a absolver a los funcionarios, la Sala hace hincapié en su sentencia en que todos ellos contribuyeron, dentro de sus competencias, de forma «eficaz y decisiva» para la tramitación de los expedientes administrativos irregulares y sin los cuales los hechos delictivos no se hubieran podido llevar a cabo.
Así, señala que todos ellos tenían «pleno conocimiento y voluntad de que se estaban confeccionando unos expedientes formales una vez pasado Fitur para dar una apariencia de legalidad a lo que en realidad habían sido adjudicaciones directas».
En cuanto a la exalcaldesa de Jerez, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala de lo Penal que reabra la investigación contra ella, después de que Isabel Jordán la situara en una reunión celebrada en la sede de las empresas de Correa, en la calle Serrano, 40 de Madrid.
Esta condena impuesta por la Audiencia Nacional por los contratos con el Ayuntamiento de Jerez es la quinta que acumula el líder de la Gürtel y la cuarta para su mano derecha. En total, Correa suma 79 años y 11 meses, mientras que Crespo cuenta ya con 58 años y nueve meses.
La primera condena que recibieron recibió fue la impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por unos hechos parecidos a los que han sido juzgados en esta pieza: el montaje del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo en las ediciones de 2005 a 2009. Correa fue condenado a 13 años de cárcel y Crespo a 13 años y tres meses de prisión por estos hechos y es la única pena que es firme por el Tribunal Supremo.
Después, la Audiencia Nacional juzgó los primeros años de la Gürtel (1999-2005) -sentencia en la que se dio acreditada una 'caja B' del PP, cuando aún está siendo investigada- , por los que se impusieron 51 años y 11 meses para el 'cabecilla' de la trama 37 años y medio para su 'número dos'.
A estas penas hay que sumar otros cinco años y tres meses a Correa y cinco años para Crespo por la financiación irregular del PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008, liderado entonces por el expresidente autonómico Francisco Camps.
La última, y anterior a la que se ha conocido este miércoles, es la condena relativa a las adjudicaciones irregulares de Aena entre los años 2000 y 2002, hechos por los que castigaron a Correa con otros seis años y nueve meses de cárcel.