La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión preventiva de dos presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) al estimar que la investigación ha arrojado por el momento indicios suficientes de terrorismo y que no se ha vulnerado su derecho a la defensa.
Se trata de Ferrán Jolis y Jordi Ros, los dos únicos investigados que accedieron a declarar ante la Guardia Civil y el juez Manuel García Castellón asistidos por un abogado de oficio.
Tras anular este martes los autos de prisión de otros cuatro imputados porque no se les proporcionó información esencial para su defensa al estar la causa secreta, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido validar la prisión preventiva de estos dos investigados.
Dice el auto de la Sala que los entonces letrados de Jolis y Ros no pidieron más información mientras estaban detenidos y deduce una «aquiescencia con los datos y la información facilitada» ya que solo recurrieron este aspecto en fase de apelación y no antes.
Además, indica, en relación a Jolis, que el «contenido del auto es lo suficientemente completo y preciso para permitir que el investigado conozca con precisión» los elementos esenciales de su imputación.
De Ros dice que «tuvo perfecto conocimiento de los hechos que se le imputaban a raíz de la información sumario que se realizó en sede policial», donde pidió «perdón» y mostró «su arrepentimiento».
Con todo, la Sala aprecia las circunstancias necesarias para mantenerles en prisión preventiva: riesgo de fuga dada la gravedad de las penas a las que se pueden enfrentar, reiteración delictiva y destrucción de pruebas.
En su auto, el tribunal hace un repaso de los indicios que pesan sobre ambos, investigados por formar parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una facción radicalizada de los CDR.
Menciona que Jolis en su declaración reconoció la planificación del asalto y posterior ocupación del Parlament «con la intención de blindar la institución pública para evitar que se pudiera acceder desde el exterior» y que recibió de otro investigado el encargo de establecer una red de comunicación segura indetectable para poder mantener comunicaciones desde el interior.
En relación a Ros, enumera las sustancias que se le intervinieron para presuntamente realizar «sabotajes de baja intensidad» necesarios, según él, para «conseguir una Cataluña independiente» como «medida de distracción» para atraer a la Policía «respecto a otra acción simultánea que sería la principal» y que no comportaría -añadió- víctimas mortales.