La Guardia Civil ha detenido este martes al secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, y a otros tres cargos vinculados al PDeCat en una operación contra una trama acusada de desviar fraudulentamente subvenciones públicas a fundaciones cercanas a la extinta CDC.
Según han informado fuentes jurídicas, en la operación, denominada VOLOH y dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, los agentes han registrado las oficinas de los detenidos en la Secretaría General del Deporte y del Consejo Catalán del Deporte, dependientes del Departamento de Presidencia.
Además de Figueras, la Guardia Civil ha detenido a Maite Fandos, exconcejal del PDeCat en Barcelona y, desde septiembre de 2019, es asesora técnica del área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial de la Diputación de Barcelona, así como al subdirector general de Gestión de la Secretaría General del Deporte, Lluís Pallisera, y al apoderado del Canal Olímpic de Castelldefels.
El juez, que basa sus indicios en conversaciones telefónicas intervenidas a los detenidos, sospecha que desviaron presuntamente ayudas públicas a entidades afines a CDC mediante adjudicaciones directas o pagos por conceptos de publicidad a revistas que eran gestionadas por las fundaciones Catmon e Igman, del entorno de CDC.
Entre los proyectos que presuntamente iban a enmascarar el desvío de ayudas públicas, el juez destaca la candidatura olímpica de los Juegos Pirineo-Barcelona 2030, que los investigados querían financiar con aportaciones públicas vehiculadas a través de una fundación.
La investigación que ha culminado con la operación de hoy -por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias-, deriva de una causa sobre supuesto fraude en la concesión de subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a cooperación, que en mayo del año pasado dio pie a una operación policial en la que fueron detenidas 30 personas y registradas Catmon e Igman.
En esa primera fase de la investigación, el juez instructor vinculó con la presunta trama corrupta al diputado de JxCat en el Parlament Francesc Dalmases, socio fundador de CATmon y presidente de Igman.
A raíz de la documentación incautada el año pasado, el juez abrió una nueva línea de investigación ante las sospechas de que la presunta trama corrupta abarcaba subvenciones públicas gestionadas por Ferrocarriles de la Generalitat y por la Secretaría del Deporte, dependiente del Departamento de Presidencia.
El juez concluye que existen indicios de irregularidades en la concesión de subvenciones, a partir de varias conversaciones intervenidas a los detenidos, que aluden a su relación con cargos del entorno posconvergente, como las exconselleras Elsa Artadi y Neus Munté, la secretaria general de Presidencia Meritxell Masó o el propio presidente del PDeCat, David Bonvehí.
Según el magistrado, Masó reveló presuntas irregularidades en subvenciones en una conversación con Gerard Figueras: «Haremos alguna cosa presupuestaria, porque incorporaremos los 8,2, pero 4,2 nos los llevaremos nosotros para otra cosa».
De esa conversación intervenida el pasado 30 de julio entre Figueras y Masó, el juez deduce «cierta irregularidad en el control del presupuesto asignado al Consejo del Deporte» por parte del Departamento de Presidencia, «del que una gran parte va destinado a subvenciones».
«A la hora de la verdad, ya verás que haremos alguna cosa presupuestaria porque incorporaremos los ocho como dos, pero cuatro coma dos nos los llevaremos nosotros para otra cosa, ¿vale?», afirma Masó en la conversación que levantó las sospechas del juez.
Asimismo, el magistrado sospecha que la exconsellera de Presidencia Neus Munté, de acuerdo con la exportavoz del Govern Elsa Artadi y David Bonvehí, «influyó» en cargos de la Diputación para que ficharan a la exconcejal Maite Fandos por temor a que se «descontrolase» y explicara cosas que les perjudicaran.
«Tal fue la influencia de Neus Munté que llegó a decirle a Gerard Figueras que se había quedado sola defendiendo a Fandos», añade el magistrado en su auto, en el que se remite a conversaciones telefónicas intervenidas.
En un comunicado, el PDeCat ha negado este martes cualquier «práctica de financiación irregular», ya sea «directa o indirectamente», y ha recalcado que la formación es «extremadamente escrupulosa» en esta materia.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha asegurado que tomarán decisiones una vez tengan toda la información y hayan realizado «todas las valoraciones jurídicas y políticas» sobre la operación.