La audiencia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ante el juez de primera instancia que debe tomar una decisión sobre la entrega o no del líder independentista a las autoridades españolas tendrá lugar el martes 29 de octubre, según ha informado este viernes la Fiscalía de Bruselas.
Puigdemont tendrá ese día una audiencia ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia que debe decidir en un plazo de quince días sobre la orden europea de detención y entrega reactivada el pasado lunes por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
La decisión que tome este tribunal, en cualquier caso, será recurrible. Primero ante el Tribunal de Apelación y, posteriormente, ante el Tribunal de Casación. En ambos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite el recurso y otros 15 días para tomar una decisión y concluir si al orden de extradición puede ser ejecutada o no.
En una rueda de prensa, el Ministerio Público ha explicado que el político catalán se entregó a la Policía belga este jueves por la mañana y después fue arrestado y prestó declaración. Puigdemont permaneció bajo custodia policial hasta que el juez de instrucción ha decidido dejarle en libertad sin fianza este viernes por la mañana.
Los portavoces de la Fiscalía no han querido precisar si las autoridades belgas han requisado su teléfono móvil y cualquier otro dispositivo que le facilitase el contacto con el exterior, pero han señalado que ésto es lo «habitual». Tampoco han querido detallar dónde ha pasado la noche el político secesionista.
Sí que han confirmado que el procedimiento fue suspendido durante un tiempo porque su defensa intentó traslado al juez de instrucción que, en su opinión, Puigdemont goza de inmunidad parlamentaria por haber sido elegido eurodiputado En consecuencia, el juez de instrucción preguntó al Tribunal Supremo si el líder independentista goza efectivamente de la condición de inmunidad parlamentaria.
Tras recibir las explicaciones de Llarena al respecto -en las que el juez español explica que no tiene inmunidad porque no recogió el acta de diputado-- el juez de instrucción ha continuado con el procedimiento y finalmente ha ordenado su puesta en libertad sin fianza.
Sin embargo, el juez ha impuesto medidas cautelares que impiden al expresidente de la Generalitat abandonar el país sin permiso de la Justicia belga. También debe estar localizable en todo momento.
La directiva de aplicación de la euroorden prevé un plazo máximo de 60 días para que el Estado miembro requerido tome una decisión sobre si ejecuta o no la extradición solicitada por otro Estado miembro.
Este plazo podría ser prorrogado otros 30 días en casos excepcionales. Las autoridades de ambas partes tendrían después diez días para acordar y llevar a cabo la entrega del detenido.
De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen «razones serias» para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.