El Gobierno en funciones ha aprobado este viernes el real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook y mejorar la competitividad del sector turístico español, que incluyen líneas de crédito de hasta 800 millones de euros.
Se abre una línea de financiación de hasta 200 millones de euros, a través del el Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinada a atender las necesidades financieras de los afectados, según ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.
Además se pondrá a disposición de las empresas hasta 500 millones de euros, para apoyar el desarrollo de proyectos orientados a la adaptación y mejora de la competitividad, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización, innovación y modernización de los servicios.
La ejecución de esta última iniciativa se canalizará con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo, y su administración financiera será llevada a cabo por el ICO.
Entre las medidas de apoyo financieros, se incluye, asimismo, la concesión directa de subvenciones a la Comunidad Autónoma Canaria y a la de Baleares, por importes de 15 millones y 8 millones de euros, respectivamente, con el objetivo de recuperar la pérdida de conectividad, consolidar la diversificación y mejorar el destino.
«Nos dirigimos a todos los afectados, muy especialmente a los trabajares que se pueden ver afectadas por esta cadena y que forma parte de una respuesta integral, que fue objeto de una comisión interministerial que no se reunía desde hacía nueve años, ha agregado Calvo.
La vicepresidenta ha destacado que desde el Gobierno, en el momento que supieron que el Ejecutivo británico no iba a rescatar al touroperador, han estado estudiando medidas “en términos de justicia” que puedan tomar para pleitear en favor de los intereses que se han visto lesionados.
La CEOE formará parte de esta “respuesta combinatoria de la defensa legítima de los intereses”, ha agregado Calvo, según quien, se está poniendo en marcha «una respuesta razonable a una crisis sobrevenida”.
También se prevé el establecimiento por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, de medidas generales de información a las empresas que afronten la recuperación de deudas en el marco de procedimientos de insolvencia de empresas del grupo británico.
En materia de empleo y de Seguridad Social, el real decreto-ley, establece medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística para empresas con centros de trabajo en Baleares y Canarias.
La bonificación prevista en el real decreto-ley de 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, será de aplicación, con carácter excepcional, durante octubre y diciembre de 2019, y febrero y marzo de 2020, además de en los meses previstos en dicho artículo.
Adicionalmente, el Gobierno destinará casi 1,5 millones de euros a Segittur, sociedad dependiente de Industria, con el fin de apoyar la transformación hacia destinos turísticos inteligentes.
La gravedad de la situación actual y la necesidad de adoptar medidas de forma inmediata hacen imprescindible una acción normativa que ofrezca respuesta rápida, por lo que el real decreto-ley es el instrumento adecuado, dado que las medidas incluidas en él «responden a una situación de extraordinaria y urgente necesidad”, ha explicado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
A su juicio, es imprescindible sustituir la dependencia de Thomas Cook que tenía multitud de empresas, por soluciones alternativas más vinculadas a la sociedad de la información, la digitalización y con una mayor diversificación a las que deben adaptarse dichas compañías con carácter inmediato.