La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto interrogar este mes de septiembre a la empresaria alemana Corinna Larsen, dentro de la investigación por un presunto pago de comisiones ilegales en la construcción de un tren de alta velocidad a La Meca (Arabia Saudí).
Para llevar a cabo este interrogatorio, Anticorrupción se dirigió a la Serious Fraud Office (SFO), el organismo antifraude británico, ya que la mujer reside en ese país, y ahora ya tiene fecha para practicarlo, según han informado a Efe fuentes jurídicas, que han indicado que se producirá este septiembre.
Corinna Larsen, que hace años mantuvo una estrecha amistad con el rey Juan Carlos, es una empresaria alemana de origen danés que mientras estuvo casada adoptó el apellido Zu Sayn-Wittgenstein, tomado de su ya exmarido, un aristócrata alemán.
Anticorrupción abrió las diligencias sobre el AVE a La Meca hace casi un año después de que el juez del caso Tándem cerrara la pieza Carol, que se abrió a raíz del hallazgo de una grabación de un encuentro en Londres entre el excomisario José Villarejo y Corinna en 2015, antes de la abdicación del monarca, por lo que en ese momento el rey emérito era aún inviolable y eso hacía imposible poder investigarle.
La Fiscalía pidió al juez que le remitiera la documentación que había en esa pieza sobre ese presunto pago de comisiones ilegales. Tras recibirla comenzó a practicar una serie de diligencias de carácter reservado para poder decidir si presenta una querella por un delito de cohecho internacional.
De las revelaciones de Corinna, Anticorrupción solo ve indicios de delito en las posibles comisiones pagadas en la adjudicación del AVE, si bien consideró que estos hechos se deben investigar en una causa aparte al no guardar relación con el caso Villarejo.
En la conversación, Corinna habla de cuentas en Suiza que habría tenido el monarca y del contrato del AVE en Arabia Saudí, que fue adjudicado en octubre de 2011 a un consorcio de doce empresas españolas, entre ellas la constructora OHL.
Habló en concreto del pago de comisiones por empresas españolas «para el tren», que habrían ascendido a 80 millones de euros abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y éste a su vez le habría dado todo, o parte, a don Juan Carlos.
Al conocer esas revelaciones, OHL remitió un comunicado en el que especificaba que en esas doce empresas a las que se refería Corinna, la constructora tiene una participación minoritaria y destacaba que el grupo siempre ha actuado en el marco de la ley negando así haber participado en cualquier acto ilícito.
Al pedir el archivo de la pieza Carol, la Fiscalía señaló que los indicios de la «eventual intervención» de Juan Carlos I en estos hechos son «extraordinariamente débiles, pues consisten en la mera referencia que hace una persona (Corinna)», sin embargo creyó procedente indagar en los pormenores de la adjudicación de la obra.
Tras acordar el archivo, el juez del caso Villarejo remitió el pasado septiembre a Anticorrupción la documentación y archivos informáticos de audio que le fueron incautados al socio de Villarejo, el abogado Rafael Redondo, en cuyo domicilio fue hallada la grabación a Corinna.