El Tribunal de Cuentas ha revocado una sentencia que condenaba a la exalcadesa de Madrid Ana Botella (PP) y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros por la venta en 2013 a un fondo de inversión de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
La resolución, fechada el 17 de julio ha sido adoptada por dos votos contra uno de los tres miembros que conforman la citada Sala y responde al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 27 de diciembre de 2018.
Esta sentencia, dictada por la consejera de Cuentas María Antonia Lozano Álvarez, consideró probado que la operación en la que se vendieron 18 promociones de vivienda pública protegida por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado, generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros.
Además de Ana Botella, resultaron condenados su entonces equipo de Gobierno, coincidente con la Junta de Accionistas de la EMVS: Concepción Dancausa -exdelegada del Gobierno en Madrid-; Paz González; Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito -altos cargos del actual Gobierno regional-; Dolores Navarro y Pedro del Corral -exedil del Ayuntamiento de Madrid.
Margarita Mariscal de Gante y Mirón, exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella, y José Manuel Suárez Robledano, han sido los dos consejeros -ambos nombrados a propuesta del PP- de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas que han votado a favor de la absolución de la sentencia conocida este miércoles.
Entre los motivos del recurso de la sentencia apelada figuran que no existió daños a los caudales públicos, ni acción antijurídica ni actuación culposa alguna de los dirigentes de la EMVS, «sino todo lo contrario, esto es, una actuación diligente, respaldada, en todo caso, por los servicios técnicos y jurídicos de la empresa, por el Plan de Viabilidad aprobado por la EMVS, por el Ayuntamiento de la capital y por la Comunidad, que logró invertir las pérdidas de la empresa, evitando su disolución y la supresión de 300 puestos de trabajo».
El consejero que ha votado en contra y que ha formulado un voto discrepante ha sido Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE, que sostiene que hubo irregularidades y responsabilidad contable en la venta de estas casas protegidas.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha prohibido al fondo de inversión Fidere vender o alquilar libremente los 1.860 pisos adquiridos a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013 y ha impuesto una fianza millonaria al entonces consejero delegado de la empresa, Fermín Oslé.
El pasado mes de mayo, la Audiencia Provincial ordenó por segunda vez reabrir la investigación de la venta de 1.860 viviendas municipales por parte del Gobierno municipal de Ana Botella al estimar el recurso interpuesto por el PSOE, la EMVS y la Asociación de Afectados.
En el auto, fechado el 27 de junio, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid (que tuvo que volver a iniciar sus actuaciones) prohíbe a Fidere vender o alquilar libremente estas viviendas.