El Gobierno ha presentado una demanda contra la familia Franco en los juzgados de La Coruña para reclamar la devolución del Pazo de Meirás. El escrito reclama la propiedad del inmueble para el Estado por su forma de adquisición, su administración mediante fondos y personal públicos, y el uso que se le dio durante la dictadura franquista.
La denuncia contra los herederos del dictador ha sido presentada este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña por la Abogacía del Estado, argumentando que la compra del inmueble por parte del dictador en 1941 fue «simulada y fraudulenta», ha explicado el Ministerio de Justicia.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó este jueves en una entrevista a RTVE la acción del Ejecutivo en funciones, puesto que los Franco «actuaron contra derecho», por lo que el Gobierno central buscará recuperar la propiedad del inmueble para que pase a ser un bien público. «Así de claro», ha zanjado.
El estudio jurídico realizado la Abogacía del Estado ha sacado a la luz un documento que demuestra que Francisco Franco «falseó el título con el que inscribió el Pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad».
Los hechos en los que se basa la demanda se remontan al 3 de marzo de 1938, fecha en la que se constituyó la denominada 'Junta pro Pazo del Caudillo', que estaba integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de La Coruña, entre otras autoridades, con el fin de adquirir un inmueble representativo en la provincia para ponerlo a disposición del autoproclamado jefe del Estado para su utilización como residencia veraniega.
El 3 de agosto de 1938 se otorgó la escritura de compraventa entre la entonces propietaria del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes (viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán), y la 'Junta pro Pazo del Caudillo', por un precio de 406.346 pesetas.
Esta escritura, desconocida hasta el momento, fue localizada por la Abogacía del Estado en el curso sus trabajos. «La financiación de la compra se planteó inicialmente a través de una suscripción popular, pero, al no dar esta el resultado esperado, se inició un proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales».
Desde la fecha de la compra, el Pazo de Meirás fue objeto de numerosas actuaciones y obras, que incluyeron la dotación de infraestructuras y servicios, la expropiación de terrenos, la construcción de carreteras, el amurallamiento y acondicionamiento del recinto, así como otra serie de reformas que «fueron ejecutadas y financiadas en su conjunto por la Administración General del Estado».
SIMULACIÓN DE COMPRA
Aunque desde la venta a la 'Junta pro Pazo del Caudillo' el inmueble ya se usaba como residencia veraniega oficial de Franco, el 24 de mayo de 1941 se otorga una segunda escritura pública «en la que se presuntamente se simula la venta del Pazo» por parte de Manuela Esteban Collantes -que tres años atrás se lo había vendido a la Junta- a favor de Francisco Franco, por un supuesto precio de 85.000 pesetas.
«Con esta escritura como título, Franco inscribió a su nombre el Pazo de Meirás en el Registro de la Propiedad. Esta inscripción, derivada de una compraventa ficticia, es la que permitió que, al fallecimiento de Franco, su viuda hiciese una donación del Pazo de Meirás a su hija, Carmen Franco, de quien pasó a su vez, a sus hijos y herederos».
En los casi 40 años en los que fue utilizado como residencia oficial de verano, el Pazo de Meirás fue administrado como una dependencia del Palacio del Pardo, «con el mismo uso público que este, siendo sede de la celebración de Consejos de Ministros y de numerosos actos y audiencias, administrándose exclusivamente con fondos y funcionarios públicos». «Incluso después del fallecimiento de Franco, el inmueble continuó durante varios años bajo la vigilancia de la Guardia Civil», señala Justicia.
PROBLEMAS CON LA FAMILIA
Las Torres de Meirás fueron declaradas BIC con categoría de sitio histórico en el año 2008, con el Gobierno del bipartito de PSdeG y BNG. Los herederos del dictador recurrieron a la justicia para intentar paralizar la declaración como edificio protegido y la obligación de que fuese abierto al público.
El Gobierno gallego llegó a formalizar un convenio con la familia Franco con la obligación de abrirlo un mínimo de cuatro días al mes. El itinerario guiado por el Pazo de Meirás se estableció teniendo en cuenta su declaración como BIC.
A pesar de ello continuaron los incumplimientos de apertura del inmueble por parte de los herederos de Franco, y la Xunta llegó a iniciar un expediente en marzo de 2017 tras constatarse que el teléfono habilitado para gestionar las solicitudes de visitas no estaba operativo.
PROCESO DE RECUPERACIÓN
Galicia decidió arrancar el proceso de recuperación del Pazo de Meirás en el año 2017. El Parlamento gallego impulsó una comisión de expertos, constituida en noviembre de ese año, para investigar esta posibilidad, presidida por el profesor Xosé Manoel Núñez Seixas y formada por 11 miembros del mundo académico, jurídico y patrimonial. Posteriormente, la Diputación da Coruña encargó un informe jurídico con el mismo fin.
Los participantes en estos grupos de investigación arrojaron conclusiones similares y que sirvieron de base para los trabajos de la Abogacía del Estado: que hubo una «venta simulada» de este inmueble a Francisco Franco, lo que avala la «nulidad» de este contrato, y que el Pazo había sido utilizado como sede de la Jefatura del Gobierno durante mucho tiempo.
Asimismo, la Cámara gallega llegó a pedir hasta en dos ocasiones por unanimidad, una en julio de 2018 y la segunda el pasado mes de junio, para instar a la Xunta a reclamar al Gobierno del Estado que inicie «de manera urgente» las acciones legales «pertinentes» para la recuperación del Pazo de Meirás.
Una de las críticas trasladadas por los grupos políticos se refería al uso de este Pazo, catalogado como Ben de Interés Cultural, para «hacer apología de la dictadura franquista» y de la figura del propio Franco.
El pasado mes de octubre el Gobierno central encargó un informe jurídico sobre la situación del Pazo de Meirás para estudiar la fórmula adecuada para devolverlo a la ciudadanía, con todas las garantías, y evitando que puedan prosperar posibles reclamaciones de la familia Franco.