La Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament de Catalunya ha rechazado este miércoles una propuesta de resolución de Cs que instaba al Govern a pedir a los medios de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no utilizar el término 'presos políticos' para referirse a los soberanistas encarcelados.
La iniciativa ha sido rechazada con los votos favorables de Cs, PSC-Units y PP, los contrarios de JxCat, ERC y la CUP, y la abstención de los comuns.
La propuesta reclamaba que los medios públicos catalanes deben «utilizar de forma rigurosa el lenguaje y no hablar de 'presos políticos' cuando se refieren a políticos que están siendo juzgados por haber sido acusados de varios delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos».
Sí que se han aprobado otros puntos de la propuesta, como condenar los ataques a edificios de los medios de comunicación, como los que sufrieron Catalunya Ràdio y 'Crónica Global', y «los ataques sufridos por los periodistas en manifestaciones».
Sin embargo, se ha rechazado un punto que condenaba las «presiones e injerencias denunciadas» por los periodistas extranjeros en Catalunya.
La CAI ha aprobado pedir la comparecencia de la Consellera de Presidencia, Meritxell Budó, para explicar las declaraciones en las que dijo que el pacto entre el PSC y los comuns en el Ajuntament de Barcelona era una «operación de Estado», aunque ha rechazado que comparezca sobre la creación de la nueva Área de Seguridad Institucional del presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Jordi Argelaguet
En la comisión ha comparecido el director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Jordi Argelaguet, para explicar la elaboración de una encuesta dirigida a los ciudadanos de toda España preguntando por la opinión política, sobre el proceso soberanista y las vías para solucionar la situación actual.
Argelaguet ha afirmado que no es una encuesta propia del CEO, sino que se trata de una encuesta encargada por la Conselleria de Presidencia de la Generalitat para conocer la opinión de los ciudadanos de todo el Estado, y no solo de Catalunya.
Ante las críticas de algunos grupos porque ven una injerencia del Govern en el CEO, ha defendido que el Ejecutivo tiene derecho a decidir hacer una encuesta porque «debe tener la máxima información posible sobre lo que cree que puede afectar» a sus asuntos, y ha señalado que algunas consellerias ya hacen encuestas por ellas mismas, pero que otras las encargan al CEO porque no tienen los conocimientos técnicos necesarios.