Deliveroo se ha sentado este viernes en el banquillo acusada por la Seguridad Social de utilizar a «falsos autónomos» como repartidores, un juicio que puede marcar un antes y un después para todo el sector y que, en opinión de la compañía, llega «contaminado» por la «presión» ejercida desde el Gobierno.
Así lo ha defendido el letrado de la plataforma Román Gil durante su intervención en el proceso, que se celebraba este viernes en el juzgado de lo Social de Madrid en medio de una notable expectación mediática.
La demanda contra Deliveroo fue presentada por la Tesorería de la Seguridad Social después de que la Inspección de Trabajo considerara que la firma mantuvo una relación laboral con más de medio millar de repartidores en Madrid entre octubre de 2015 -cuando comenzó a operar en España- y junio de 2017, motivo por el que le reclama el pago de 1,2 millones de euros en cotizaciones atrasadas.
En la sesión se ha analizado si las condiciones de estos trabajadores se corresponden o no con una relación laboral, lo que ha colocado en el centro del juicio cuestiones como si es posible rechazar pedidos sin ser penalizados, la fijación de precios, quién recibe los ingresos, el control por GPS de su posición, etc.
Pese a que el procedimiento sólo abarca hasta junio de 2017 y, posteriormente, la empresa ha ido cambiando las condiciones de este colectivo, todas las partes han coincidido en que la sentencia puede marcar un punto de inflexión para todo el sector de las plataformas digitales de reparto, en plena expansión.
Por el momento, solo existen sentencias de casos individuales -en Valencia también hay un procedimiento colectivo iniciado por Tesorería, pero pendiente de fallo-, y con sentidos contradictorios, ya que algunas consideran a estos trabajadores autónomos y otras no.
El letrado de la Tesorería de la Seguridad Social, José Sánchez Robles, ha insistido en su intervención en que Deliveroo no es «un mero intermediario» entre clientes, restaurantes y repartidores como dice.
Ha recalcado que estos empleados son «personas físicas» que no tienen ni forman parte de un negocio de reparto, y ha citado como ejemplo que su remuneración no se negocia con la compañía, sino que ésta directamente la fija.
Desde la Seguridad Social han recordado varios cambios adoptados por la plataforma en sus condiciones a lo largo del período analizado: pasó de ofrecer un pago por hora a uno por pedido, daba vestuario a cambio de una fianza y dejó de hacerlo, entre otras.
Desde Deliveroo han criticado «la presión» ejercida por el Ejecutivo en torno al caso y han apuntado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el Ministerio de Empleo han dicho públicamente que existe «relación laboral» con sus repartidores.
«Hay cierta contaminación, la Inspección de Trabajo depende del Ministerio (...) Eso lanza una sombra de sospecha sobre que pueda existir parcialidad», ha subrayado su letrado, quien ha recordado que la plataforma defiende negociar con las autoridades un nuevo modelo laboral específico para este tipo de servicios.
A lo largo de su alocución, el abogado de Deliveroo ha asegurado que los repartidores «hacen el recorrido que quieren, usan los medios que quieren, los gastos corren por su cuenta, eligen qué horas trabajar y no comunican si están o no de vacaciones», entre otros detalles que en su opinión demuestran que no existe relación laboral.
De los siete letrados presentes en la sala para defender a los repartidores, seis se han posicionado del lado de la Tesorería y han recordado sentencias del Supremo que a su juicio son útiles para este caso porque dictaminaron que no debían ser autónomos sino trabajadores por cuenta ajena, referentes al colectivo de mensajeros, de actores de doblaje o encuestadores.
La excepción ha sido la asociación Asoriders, que agrupa a repartidores que quieren seguir siendo autónomos, que ha alegado que muchos de sus miembros colaboran con varias plataformas y ha criticado las conclusiones de la Inspección.