En grupo de trabajo de la ONU ha calificado de «arbitraria» la privación de libertad de los líderes catalanes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Este organismo, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, considera en el documento que la prisión provisional de los tres imputados vulnera los derechos humanos y pide al Gobierno español que proceda a su liberación.
El grupo de trabajo presentó ayer la resolución en una rueda de prensa en Londres, y el abogado Ben Emmerson, letrado de los políticos, adelantó que España puede afrontar una «corriente de condena de la comunidad internacional» si no los libera.
En su resolución, el grupo pide al Gobierno español que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Cuixart, Sánchez y Junqueras «sin dilación», y considera que el «remedio adecuado» sería poner a estas tres personas «en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación» en virtud del derecho internacional.
Al mismo tiempo, insta al Gobierno a que ponga en marcha una «investigación exhaustiva e independiente» de las circunstancias en torno a la «privación arbitraria» de la libertad de los imputados y que «adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos». En su documento, el grupo solicita al Gobierno que le proporcione «información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas» en el texto.
El organismo pregunta en qué fecha se pondrá en libertad a Cuixart, Sánchez y Junqueras; qué indemnizaciones u otras reparaciones se concederán a los afectados y si se ha investigado la violación de los derechos de los tres políticos.
El grupo invita al Gobierno a que le informe de las dificultades que puede haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas y que le indique si necesita asistencia técnica adicional.
Malestar
España expresó este miércoles su malestar a la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el informe de uno de sus grupos de trabajo. El embajador español en Londres, Carlos Bastarreche, informó de que el Gobierno ha pedido una auditoría sobre el funcionamiento de ese grupo de trabajo, que depende de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bastarreche lamentó que no se hayan «respetado las normas de procedimiento» para la publicación del informe, que se ha «filtrado a una de las partes» antes de su divulgación oficial.
Criticó asimismo la «falta de rigor» de la comunicación emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en cuyo informe se pide al Ejecutivo español que remedie «sin dilación» la situación de los líderes independentistas presos.