El fiscal del Tribunal de Cuentas ha pedido que se abra una causa contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros exmiembros del Govern por el presunto desvío millonario de recursos económicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
En concreto, según han confirmado fuentes del órgano contable, el fiscal jefe del órgano fiscalizador, Miguel Ángel Torres, se ha dirigido a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal para que abra un procedimiento por posible responsabilidad contable.
Las pesquisas tienen su origen en un escrito presentado el pasado mes diciembre por el propio Torres al que se sumó el interpuesto por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución. Tres meses después de activarse esa fase preliminar de la investigación contable, el fiscal ha decidido solicitar la apertura de la causa contra Puigdemont y sus colaboradores.
Un mes antes de arrancar sus pesquisas sobre Puigdemont, el Tribunal de Cuentas había condenado a su antecesor Artur Mas y varios miembros de su gobierno por responsabilidad contable en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. En concreto, condenó a Mas a devolver 4,94 euros, la totalidad de los fondos que la Generalitat destinó a la consulta, de los que debía responder de manera solidaria con los demás condenados. 19
SEÑALADOS
El documento redactado por el fiscal en diciembre ya exigía responsabilidades contables a Puigdemont y a la interventora de la Generalitat Rosa Vidal respecto de otras 17 personas, entre los que se encuentran ex miembros del Govern en el momento de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) como Oriol Junqueras y también los que dimitieron en julio de 2017.
Ese documento inicial no fijaba aún una cantidad concreta de gastos a reclamar ni incluían un listado de los mismos como tal, ya que entonces sólo se activó una fase preliminar de la investigación contable, en espera de información que debía remitir el Tribunal Supremo y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
La cantidad a reclamar se conocerá cuando, tras finalizar la instrucción, se redacte el acta de liquidación provisional. Una vez atienda la petición del fiscal, la Sección de Enjuiciamiento nombrará a la persona encargada de instruir la causa.
Ese primer documento del fiscal Torres citaba entre otras facturas de gasto los locales de votación -900.906,70 euros-, gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.661,96 en papeletas y 38.431,20 en cartelería. Por lo que se refiere a la acción exterior, el documento destaca la «acción de la Presidencia catalana» en el exterior que absorbió 2,3 millones de euros, a lo que se añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.
En este escrito lo que se solicitaba era que se iniciara un expediente de responsabilidad contable por daños causados a los fondos públicos de la Generalitat de Cataluña contra un total de 19 personas. Ya entonces el fiscal recalcaba que se había «constatado la asignación y disposición de fondos y recursos públicos para financiar las actividades relacionadas con la preparación y la ejecución del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O».
El escrito de la Fiscalía se conoció un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresident Catalán y sus exconsejeros por los mismos hechos, si bien en el caso de estas organizaciones el dinero irregularmente gastado sería de 1,97 millones de euros de fondos públicos.
ALEGACIONES DE SCC
Precisamente este lunes Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución han presentado alegaciones ante el Tribunal de Cuentas para que se investiguen los gastos relacionados con el 1-O. Lo han hecho, según recalcan en un comunicado, después de que la Generalitat haya reclamado recientemente al órgano fiscalizador archivar la causa.
La rendición de cuentas, según el fiscal, ha de entenderse «referida al deber genérico que pesa sobre cualquier gestor de fondos públicos de justificar el empleo que haya dado a los mismos, que debe considerarse existente para todos los sujetos que tengan capacidad de decisión en materia de gasto público, estén o no obligados a presentar periódicamente rendiciones de cuentas formales».
EXMANDATARIOS AFECTADOS
La Fiscalía dirige su denuncia contra 19 personas que tenían algún cargo en la Generalitat en el tiempo analizado. Así, además de a Puigdemont, acusa de haber utilizado fondos públicos para el 1-O al vicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva (Exteriores), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), Carles Mundó (Justicia), Santiago Vila (Cultura), Dolors Bassa (Trabajo), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Jordi Turull (Presidencia), todos ellos a punto de ser juzgados en el Tribunal Supremo por el 'procés' independentista.
También a Meritxell Serret (Agricultura), Antoni Comín (Salud), Lluís Puig (Cultura) y Clara Ponsatí (Enseñanza), procesados por los mismos hechos que los anteriores, pero que se encuentran huidos de la Justicia española junto al expresidente. Asimismo, denuncia a los exconsejeros Neus Munté (Presidencia), Jordi Jané (Interior), Jordi Baiget (Empresa), Meritxell Ruiz (Enseñanza), que dimitieron en julio de 2017 tras la remodelación que emprendió Carles Puigedmont en su equipo de gobierno para reafirmar el compromiso del Gobierno catalán con la celebración del referéndum; y a la interventora general, Rosa Vidal.
INFRINGEN LA NORMATIVA
Los pagos vinculados a la preparación y celebración del referéndum del 1-O, según el escrito, «infringen por tanto la normativa presupuestaria y contable, pues esta normativa no autoriza ningún gasto cuyo destino sea financiar actividades ajenas a las competencias de la entidad pública y contrarias al ordenamiento jurídico».
En este caso, incide la Fiscalía en que, «nos encontramos en presencia de gastos desconectados de cualquier finalidad pública que lícitamente pudiera perseguir la Generalidad de Cataluña. Serían «equiparables a los pagos sin contraprestación, dado que el bien o servicio que se retribuye en este caso no redunda en provecho ni sirve a los fines de la entidad pública con cuyos fondos se paga, por lo que ésta, en realidad, nada recibe a cambio de pago que realiza».