La exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa de Cataluña ha negado este miércoles en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo que la masiva acumulación de actividades en los centros cívicos de su competencia -algunos designados centro electoral para el 1-O- la víspera del referéndum del 1-O «no tenían que ver nada» con esta convocatoria. La fuerte demanda la obligó a eximir a los directores de los centros de sus competencias, que asumió directamente su departamento.
Bassa ha sido la primera exmandataria independentista de ERC que ha contestado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado y tanto el tono como el contenido de su declaración han diferido ligeramente del 'argumentario' de otros acusados.
Así, ha defendido que se cumplió el mandato del Tribunal Constitucional de dejar en suspenso la convocatoria del 1-O -porque a partir de ese momento no se adoptó ninguna decisión ni se realizó ningún gasto-, ha reconocido que le pareció «bien» que se actuará para impedir la consulta -aunque no hubo la proporcionalidad adecuada-, y ha limitado a «algunos, no todos» los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado la violencia desplegada esa jornada contra los ciudadanos.
La puesta a disposición de la hoja de ruta independentista de los centros cívicos de los que Bassa era responsable es una de las acciones que fundamentan la acusación de rebelión contra ella, por la que la Fiscalía le reclama 16 años de cárcel.
En respuesta a la preguntas del fiscal Fidel Cadena, la exconsejera ha señalado que para el fin de semana del 1-O «empezaron a entrar muchas solicitudes», para actividades como ajedrez o baile para mayores, algunas de ellas a celebrar «de madrugada» y los directores de los centros le hicieron llegar «cierta desazón» por la posible existencia de problemas de responsabilidad civil que podrían derivarse de los permisos, ya que algunos horarios excedían su horario laboral.
Según Bassa, se les respondió que estuvieran «tranquilos» y se avocó en su departamento y en su persona, como consejera, las competencias directas sobre los centros. Preguntada por qué en dichos acuerdos se avocaba la competencia «atendiendo a la situación excepcional que vive la sociedad catalana», Bassa se ha limitado a responder que ello «no tenía que ver con el 1 de octubre», sino a que dicho fin de semana «la sociedad catalana estaba haciendo actividades y solicitaba los centros cívicos», sin más.
Tanto la abogada del Estado Rosa María Seoane como el abogado de la exconsejera, Mariano Bergés, han retomado este asunto en sus interrogatorios y en este momento Bassa ha explicado que, en todo caso, dio orden para que los centros quedaran vacíos a las 6 de la mañana en cumplimiento de las órdenes judiciales. No ha podido responder si en ocasiones anteriores se había producido una demanda de centros parecida, limitando tal posibilidad a fiestas patronales en algún municipio.
En varias ocasiones durante el interrogatorio del fiscal Cadena la exconsejera ha manifestado que tras la suspensión de la convocatoria de referéndum por el Tribunal Constitucional se adoptó el acuerdo por el Govern de «no generar ningún gasto» ni tomar ninguna decisión relacionada con la consulta.
En este punto, Bassa no ha reconocido una factura de la empresa Unipost -a la que se encargó la distribución de material para el 1-O- que fue incautada en la sede de la compañía a cuenta de su Consejería por favor de 197.482 euros, y ha añadido que esta empresa «a veces» le mandaba facturas con las que no estaban conformes y que se devolvían.
«ESTAMOS AQUÍ Y NO HAY INDEPENDENCIA»
Además, Bassa se ha alejado también de lo declarado por otros acusados al negar que el referéndum fuera concluyente para la declaración de independencia.
Ha dicho que la consulta surgió del consenso alcanzado tras fracasar el acuerdo parlamentario entre Junst Pel Sí y la CUP. «Fue un acto más, nunca fue concluyente y menos para la independencia -ha añadido-. Y la prueba es que estamos aquí y no hay independencia».
LOS COCHES LOS ROMPIERON «LOS FOTÓGRAFOS»
La dirigente independentista ha respondido también a preguntas sobre la concentración del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía, si bien en dicha jornada ella estuvo trabajando en su propio departamento y supo de la protesta por TV3 al llegar a su domicilio.
En todo caso, ha sido la única acusada en lo que va de juicio que atribuye la responsabilidad sobre los destrozos en los coches policiales a los informadores, ya que ha señalado que los rompieron «los fotógrafos» que cubrían la concentración.
Ha negado igualmente las acusaciones de Fiscalía sobre la captación de voluntarios para el 1-O a través de una web de su consejería, puesto que el enlace al que se refiere el escrito de acusación del Ministerio Público, denominado Cridas, servía para gestionar la labor de entidades, «nunca de personas».
SU PAPEL EN LA HUELGA DEL 3 DE OCTUBRE
Finalmente, Bassa ha diferenciado hasta en dos ocasiones la huelga general celebrada el día 3 de octubre de 2017 y la denominada como «huelga de país». Según ha explicado, fueron dos movilizaciones que coincidieron en la fecha.
A preguntas de su abogado, Mariano Bergés, ha negado que desde la Consejería de Trabajo se influyese a los funcionarios con la modificación de los servicios mínimos o por no descontar el sueldo a quienes participaron en dicha jornada de propuesta. Con respecto al primer punto, Bassa ha dicho que fueron negociados con los sindicatos de tal modo que se pudiera «compaginar el derecho a huelga» y la «movilidad de la ciudadanía general que quiere trabajar». En cuanto al sueldo, ha indicado que ese mismo día el Govern decidió la «recuperación de las horas».