Benet Salellas, el abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha advertido este martes al tribunal que le juzga por su participación en el proceso independentista catalán que este procedimiento supone una «derrota colectiva de la sociedad española» porque «se opone a la esencia propia del Estado de Derecho» y «criminaliza» derechos fundamentales como el de expresión y el de reunión.
En su intervención durante la vista oral, que ha comenzado con las cuestiones previas, Salellas ha dirigido sus críticas contra los tres escritos de acusación --Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular que ejerce Vox--, pero sobre todo ha censurado el relato que realiza el Ministerio Público para pedir 17 años de prisión para Cuixart por el delito de rebelión.
Lo que sobre todo ha afeado el abogado es que los fiscales del caso «criminalicen» las movilizaciones populares que tuvieron lugar en septiembre y octubre de 2017 como «medio de presión» para justificar la violencia necesaria y así poder sustentar la rebelión. Y que dediquen «60 páginas» de su escrito «única y exclusivamente a hablar de actos de manifestación pacífica».
El abogado de Cuixart ha sido el sexto interviniente en la primera jornada del histórico juicio del 'procés' y el primero de la tarde, después de un parón de hora y media para comer en el que los presos preventivos han permanecido en el Salón de Plenillos del Supremo, donde han comido un menú de cátering.
Para empezar, Salellas ha señalado que los únicos hechos que se imputan a su defendido son «buscar la adhesión a una demanda política de referéndum» a través de la página web de Òmnium Cultural, algo que, a su juicio, no puede ser algo delictivo en un sistema democrático. Es este punto, ha dicho el abogado, en el que se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión de Cuixart.
Así, ha sacado a colación una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la quema de fotos del Rey, en la que se dictó que una condena por injurias a la Corona por estos hechos «constituye una interferencia con la libertad de expresión». Para Salellas, «cuando se trata de criticar el poder desde la ciudadanía, prácticamente no hay límites para la libertad de expresión».
Este derecho, ha seguido, está íntimamente relacionado con el de la libertad de reunión, que es lo que, en su opinión, se ejerció en las concentraciones del 20 y 21 de septiembre frente a la Conselleria de Economía de la Generalitat y el 1 de octubre junto a los centros de votación. Salellas ha defendido que en ambas ocasiones tuvieron lugar «manifestaciones masivas de ciudadanos» y que considerarlas delictivas «es incompatible con un Estado social y de Derecho».
Por encima de la unidad territorial
Es más, ha subrayado que estos derechos a la libertad de expresión y de reunión están por encima de «la unidad territorial» del Estado, pero ha lamentado que «hay quien está dispuesto a sacrificar derechos fundamentales por la indivisibilidad de la nación española» a pesar de que este planteamiento no se contempla en los «tratados internacionales de derechos fundamentales».
También ha aprovechado para recriminar a la Fiscalía y a Vox que en sus escritos de acusación señalen a Cuixart como la persona que pronunció la frase «No pasarán» durante el asedio a la Consejería de Economía, y ha advertido al tribunal de que si utiliza este argumento en su sentencia será el Tribunal de Estrasburgo el que acabe condenando a España.
A propósito de las movilizaciones del 20 y 21 de septiembre, el abogado del presidente de Òmnium ha recordado que allí se estaba haciendo un registro judicial, pero que el mandato del juez que lo ordenó, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, sólo hacía mención a «cuatro despachos» y no a «todo el edificio», de modo que considera que un registro tan extenso que se prolongó durante horas no estaba ni previsto ni justificado.
«Depurar» los escritos de acusación
Por todo ello, Salellas ha solicitado al tribunal que se «depuren» de los escritos de acusación de Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular todos aquellos fragmentos que «criminalizan el ejercicio de los derechos fundamentales», ya que entiende que todos ellos afectan a su defendido.
Es algo que ya hizo el propio Tribunal Supremo, ha recordado el letrado, en un auto firmado por uno de los magistrados que juzgan el 'procés', Luciano Varela, en el que «expulsó a Falange» de una causa especial alegando que su escrito «no se había adaptado al requerimiento del juez instructor» en lo que hacía referencia a los derechos fundamentales.
«Empezar un juicio en el que el único debate son los derechos fundamentales puede resultar en un juicio sobre o contra los derechos fundamentales. Y el mensaje que se enviaría a la ciudadanía sería que hay delito a la hora de ejercer esos derechos fundamentales», ha avisado Salellas al tribunal.
Corregir a la abogacía
También ha solicitado a los magistrados que corrijan la acusación que contra Cuixart realiza la Abogacía del Estado, ya que ha alegado que ésta, en calidad de acusación particular, se personó en el procedimiento por la posible malversación de fondos públicos que se habría cometido al organizar el referéndum y el proceso independentista en Catalunya.
Según Salellas, Cuixart está acusado de rebelión --la Abogacía pide 8 años para él--, «nada que ver con los recursos públicos» que se pudieron malversar, por lo que entiende que el Estado le acusa «de forma indebida».