El decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y que previsiblemente decaerá este martes en el Pleno del Congreso ha sido criticado por todas las formaciones políticas, que o bien no lo apoyarán y votarán en contra, o bien darán su voto a favor pero lo han calificado de insuficiente o vago.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha presenciado en el hemiciclo la falta de apoyos suficientes para poder convalidar este decreto, que amplía el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a 5 años, y que ha calificado de «primer paso» y de «marcado carácter social».
El Ejecutivo sólo contará con los apoyos del PSOE, PDeCAT, PNV, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canaria, previsiblemente con cerca de 103 diputados, frente a los votos contrarios asegurados del PP, Unidos Podemos, ERC, UPN, Foro Asturias y EH Bildu, que sumarían unos 215 diputados (dependiendo de ausencias).
Además, Ciudadanos también ha avanzado que no lo apoyará y con casi toda probabilidad votará en contra, aunque hay un mínimo porcentaje de que pudiera abstenerse.
«Le pido que sigan trabajando con Podemos para acordar un nuevo real decreto en breve. Escuchen a las plataformas de afectados, las demandas de los inquilinos. Sean valientes y pónganse en el lado de los que les necesitan», ha dicho la diputada de En Comú Podem Lucía Martín, que se ha visto apoyada por las palabras del diputado de ERC Joan Margall, quien ha instado a regular los precios de los alquileres en las ciudades.
Mientras Unidos Podemos reclama que se cumpla con el pacto presupuestario en materia vivienda firmado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ERC señala que el ministro de Fomento no ha sido «valiente» con las medidas antidesahucio que no permiten a los ayuntamientos tener mayores recursos o con el freno a los fondos de inversión «buitres».
La diputada del PP Ana María Zurita ha señalado, en otro sentido, que el decreto del Ejecutivo son medidas «sueltas y aisladas» que dan incertidumbre y «espantan» a todos los agentes del mercado de la vivienda, ya que no incrementan la oferta y «estrangulan los precios».
Desde Ciudadanos, el diputado Miguel Ángel Garaulet ha aseverado que el precio medio del alquiler está todavía por debajo de la crisis y ha señalado que el decreto no apuesta por una política de vivienda social y por la colaboración público privada.
«Su prioridad son sus acuerdos con los populistas de Podemos y sus socios le van a votar que no. Vayan ustedes con cuidado», le ha dicho tras afirmar que el decreto tiene medidas cortoplacistas.
Foro Asturias y UPN han asegurado a EFE que también votarán en contra y la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha afirmado que lo hará porque el decreto no pone freno a los desahucios por impago de alquiler o no incide en el IBI de las viviendas vacías.
Los partidos políticos que apoyarán el decreto también han lamentado que sea vago e insuficiente.
El diputado del PDeCAT Feliu Joan Guillaumes i Rafols ha pedido medidas que incentiven fiscalmente el alquiler e índices de referencia de precios que sean competencia autonómica, mientras que el diputado del PNV Iñigo Barandiarán ha solicitado que se tramite como proyecto de Ley para regular los precios abusivos y los pisos turísticos.
La diputada de CC Ana Oramas ha afirmado que vota a favor, pero que debe tramitarse como un proyecto de Ley porque no tiene en cuenta a las Comunidades Autónomas y no permite que puedan utilizar su superávit en este ámbito como inversión financieramente sostenible.
Marta Sorlí, de Compromís ha incidido en que el Gobierno les obliga a elegir entre «lo malo y lo peor» y votarán «lo malo», aunque se quede «corto».