El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del Prestige, que fija indemnizaciones por más de 1.500 millones de euros que deben repartirse entre el Estado español y el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados.
El alto tribunal ha estimado los recursos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Estado francés, entre otros, contra el auto de responsabilidad civil dictado en noviembre de 2017 por la Audiencia de A Coruña, en ejecución de la sentencia penal definitiva sobre el caso dictada por el Supremo en 2016, que condenó a 2 años de cárcel al capitán del petrolero, que se hundió en 2002 frente a las costas de Galicia.
Las indemnizaciones deben ser abonadas por las partes ya condenadas, que son el capitán del barco, Apostolos Ioannis Mangouras, y la compañía aseguradora, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association; y subsidiariamente la propietaria del buque, Mare Shipping INC, y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos por las cantidades establecidas en el convenio aplicable.