El Ayuntamiento de Barcelona requerirá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte iniciar los trámites para ilegalizar la Fundación Francisco Franco, ya que considera que su actividad es contraria a la Ley de Fundaciones, la Ley de Memoria Histórica y artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens, junto a representantes del PDeCAT, ERC, PSC y la CUP y los dos concejales no adscritos y a miembros de entidades, como la Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, el Institut de Drets Humans de Catalunya y el Centre Irídia.
Asens ha confiado en que el Gobierno de Pedro Sánchez responderá a su petición de eliminar del registro estatal de fundaciones a esta entidad --tiene un mes para responder--, pero ha señalado que, en el caso de que lo rechace, acudirán a los tribunales: «Llegaremos al final, pero confiamos plenamente en que no hará falta».
El asunto se abordará además en el pleno municipal del viernes para evidenciar que existe en Barcelona una mayoría contraria a esta fundación y a la posibilidad de que abra una sede en la capital catalana, ha destacado Asens, que ha dicho que, si la fundación lo hiciera, sería con «voluntad de provocar».
Ha asegurado que su existencia representa un anacronismo y una anomalía que en el resto de países europeos sería ilegal, porque hace apología del fascismo y el franquismo con total impunidad, según él, y ha dicho que la fundación toma a los ciudadanos «por idiotas» cuando niega hechos como que se fusilara a demócratas.
Desde la Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme y en representación de cerca de 30 entidades, Carles Vallejo ha advertido de que no se puede permitir que «la presencia del franquismo vuelva por la puerta de atrás a la ciudad» con una sede de la fundación, y ha recordado que se han cambiado nombres de las calles barcelonesas contra la dictadura.
APOYOS EN LA OPOSICIÓN
El concejal del PDeCAT Jordi Martí ha apostado por que el Govern y el Parlament asuman también iniciativas en este sentido, tras lo que la republicana Montserrat Benedí ha proclamado que el fascismo se combate desde la calle y desde las instituciones, por lo que también promoverán una declaración institucional en el pleno en contra de la extrema derecha.
La socialista Carmen Andrés ha destacado que se debe plantar cara e ilegalizar esta fundación, algo que debe hacerse «en el marco de una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica» y modificando el Código Penal para que la apología al franquismo sea delito, mientras que Eulàlia Reguant (CUP) ha invitado a sumarse a la movilización de la tarde del viernes contra el «régimen del 78, que no rompió realmente con el franquismo».
El concejal no adscrito Gerard Ardanuy (Demòcrates) ha dicho que si se abre este debate de la ilegalización es porque España no es un país normal, tras lo que el tampoco adscrito Joan Josep Puigcorbé ha dicho que la posibilidad de que la entidad abriera una sede en la ciudad ha «removido las tripas de concejales y entidades».