La Comisión de Sanidad del Congreso ha dado hoy luz verde al informe de la ponencia sobre la ley de muerte digna planteada por Ciudadanos que, finalmente, no establece un régimen sancionador común sino que lo deja en manos de las comunidades autónomas.
Las posibles sanciones contempladas en la ley era uno de los asuntos sobre los que había más discrepancia ya que Ciudadanos, autor inicial de la norma, defendía un régimen común, mientras que el PSOE planteaba que fueran las comunidades las que tuvieran esa competencia, una propuesta que ha sido aceptada por la mayoría, en contra de la formación naranja y PP.
El informe de la ponencia de la proposición de ley para garantizar la dignidad de los pacientes ante el proceso final de su vida tendrá que ser debatido por el Pleno de la Cámara baja para ser enviado, posteriormente, al Senado.
El objetivo de la ley es garantizar que todos los ciudadanos «sean dueños de sus decisiones hasta el final de sus días» y no se les obligue a pasar «por un sufrimiento innecesario», con lo que asegurará, entre otros, el derecho a la sedación, a retirar medidas de soporte vital y a una información adecuada, según ha recordado el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, Francisco Igea.
La norma incide en el derecho de esos pacientes a los cuidados paliativos integrales y al tratamiento del dolor, así como el derecho a recibir esas atenciones en el domicilio o en otro lugar que se designen, entre otros puntos.
Desde que en marzo de 2017 el Pleno de la Cámara Baja aprobara la admisión a trámite de la ley planteada, los grupos han trabajado en ella en la ponencia que hoy ha votado el informe incorporando varias de las propuestas de los grupos en forma de enmiendas.
Una de ellas es la registrada por el grupo socialista, que ha transaccionado con Unidos Podemos, sobre el régimen sancionador de la ley.
En concreto, el texto que se ha incorporado al informe, y por tanto, a la ley, establece que las infracciones de lo dispuesto en la norma «quedan sometidas al régimen sancionador previsto en la normativa autonómica pertinente».
«Y en ausencia de ésta -continúa la enmienda- se aplicará lo previsto en el capítulo VI del título I de la Ley General de Sanidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad profesional, administrativa o laboral procedente en derecho», concluye el texto aprobado por 20 votos a favor y 17, en contra.
Igea ha avanzado que la propuesta del PSOE les hará replantearse su apoyo a la ley socialista sobre la eutanasia, que está en tramitación parlamentaria, porque sin sanciones comunes no está garantizada la igualdad de todos los ciudadanos.
A su juicio, la actitud socialista es «absolutamente incomprensible» porque durante el año y medio en el que ha trabajado la ponencia no había planteado que este asunto recayera en las autonomías.
«Por lo tanto, esto nos obligará, desde luego, a replantear dentro del grupo cuál es nuestra postura, no puedo adelantar nada pero creo que sí lo tenemos que remitir a la dirección del grupo si los derechos los españoles no los tienen garantizados», ha avanzado el diputado de la formación naranja a los periodistas.
Para Igea, esa actitud se debe «al pago» que tiene que hacer el PSOE a otros grupos para mantenerse en el Gobierno.
Las palabras del diputado de Ciudadanos han sido calificadas de «chantaje legislativo» por parte del portavoz socialista en la Comisión, Jesús María Fernández, que ha considerado que demuestran que el partido de Albert Ribera «no tiene una posición sobre la regulación de la eutanasia».
Para Fernández no tiene sentido que Ciudadanos bloquee la proposición de ley socialista de eutanasia, en fase de enmiendas.
Según ha explicado, el PSOE siempre ha mantenido suprimir el título de la ley de Ciudadanos de Cuidados Paliativos relativo a las sanciones «por ser innecesario», ya que hay que «dejar espacio legislativo» a las comunidades.
Todos los grupos se han felicitado por los trabajos que se han realizado desde la ponencia.