La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha procesado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por delito de falsedad documental en relación a su máster que cursó en 2011-2012 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.
En un auto de transformación a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), dictado hoy, la magistrada acuerda el fin de la instrucción y procesa además al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la URJC Enrique Álvarez Conde, a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora de la expresidenta regional María Teresa Feito.
La magistrada expone que los cuatro podrían haber incurrido en un delito de falsedad documental, tipificado en el artículo 390 del Código Penal y que castiga a las autoridades o funcionarios públicos que lo cometan con penas de tres a seis años de prisión, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.
Y recuerda que el Supremo ha establecido que el de falsedad documental no es un delito «de propia mano» y ha introducido en la jurisprudencia el papel de «inductor a la falsificación».
El auto, que es recurrible ante el propio juzgado o ante la Audiencia de Madrid, es el paso previo a la apertura de juicio oral y da diez días a las acusaciones para que soliciten esa apertura y formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa.
La jueza cree que existen indicios suficientes para creer que Cifuentes dio instrucciones a Feito para ocultar que no había superado las asignaturas del máster cuando eldiario.es publicó esa noticia el 21 de marzo de 2018.
Las explicaciones de Cifuentes en sede judicial «no resultaron creíbles», máxime cuando no tiene ningún documento relacionado con el trabajo de fin de máster, ni siquiera un correo electrónico.
«No parece verosímil que en 2012 obviaran esta forma de comunicación (tan ágil, sencilla, rápida, accesible) y fuera todo manual», sostiene la jueza, que tampoco cree que la expresidenta madrileña lo defendiera el 2 de julio de 2012.
«Hay indicios de que doña Cristina Cifuentes no defendió el trabajo fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue facilitada», concluye la magistrada.
A su juicio, fue pieza clave en la falsificación María Terea Feito, asesora de Cifuentes. Ella urgió a Álvarez Conde para que creara o diera instrucciones para crear los documentos que justificaran que Cifuentes había cursado el máster «con normalidad y superado todos los trámites necesarios para disfrutar del título, incluida la defensa del trabajo fin de máster».
Y Álvarez Conde pidió a Cecilia Rosado que ese mismo día creara una supuesta acta de defensa del trabajo de fin de máster. Ella se inventó la fecha, el título del trabajo y la composición del tribunal, y falsificó la firma de dos profesoras como miembros del tribunal, según la magistrada.
Pero la jueza sostiene que la actuación de Feito fue más allá, hasta el punto de que llamó a Rosado para que redactara el trabajo de fin de máster, a lo que ésta se negó. La asesora de Cifuentes pidió a la profesora bibliografía para encargar el trabajo por otros medios y «anunció represalias en caso de que no se colaborara en la ocultación de las irregularidades».
Falsificación del acta
La declaración de Rosado en la que reconoció la falsificación del acta fue «plenamente convincente» para la instructora del caso, que además se apoya en la pericial realizada por la Guardia Civil sobre el acta.
Cecilia Rosado contó a la jueza que recibió «múltiples llamadas» de Feito el 21 de marzo exigiendo que hiciera el acta y anunciando represalias si no lo hacía. La jueza cree que la importancia del testimonio de Rosado y su «decidida colaboración» con la Justicia debería acarraear una reducción de su responsabilidad penal.
Llega incluso a plantear que pudo haber obrado por «miedo insuperable», lo que la eximiría de responsabilidad.
Porque la jueza tiene claro que su investigación ha permitido concluir que el «control absoluto» del máster y del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos lo tenía Álvarez Conde y «contravenir sus instrucciones tenía consecuencias nefastas para sus discípulas».