El Ministerio del Interior implantará próximamente el nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de las víctimas de violencia de género que pretende identificar aquellos casos susceptibles de evolucionar en violencia más grave e incluso en homicidio.
Como novedad, estos casos, denominados «especialmente relevantes», serán remitidos a la autoridad judicial mediante una diligencia expresa. En esta comunicación, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado recomendarán al juzgado de manera explícita la realización de valoraciones de carácter adicional. Se acompañará de la valoración policial del riesgo (VPR) asociado al caso, que siempre se incluye en el atestado policial.
«Hay valoraciones (forenses o psicosociales) que a día de hoy no se hacen, y que pertenecen a ámbitos distintos del policial pero lo complementan necesariamente, y ayudarían a la autoridad judicial a adoptar una decisión más ajustada a la realidad y no partiendo única y exclusivamente de la visión policial», ha explicado a Europa Press la responsable del área de Violencia de Género y Estudios, María Rodríguez. Por lo general, los casos que se cataloguen como «de especial relevancia» presentarán, como mínimo, un nivel de riesgo medio, y se concentrarán sobre todo en el alto o extremo, según ha precisado la comisaria. «Esa identificación de los casos especialmente sensibles va a conllevar necesariamente una elevación del nivel de riesgo», ha apuntado.
En los casos relevantes entrarán las mujeres con probabilidad de ser «revictimizadas», pero también los menores que están a su cargo, porque el nuevo protocolo analizará la vulnerabilidad de hijos «según las manifestaciones» de la denunciante. «La mujer va a responder a dos cuestiones sobre sus hijos o menores a su cargo relacionadas con la percepción objetiva o subjetiva de amenazas sobre los mismos», ha subrayado Rodríguez, que ha hecho hincapié en que esto ya se contemplaba y se remitía a la autoridad judicial, pero sin la advertencia al juez sobre su importancia.
«Ahora se van a identificar estos casos porque son menores en posible situación de riesgo y, por ello, en otra diligencia se dirá a la autoridad judicial que es conveniente valorar a estos menores», ha añadido. A excepción de los menores, no se entrará a valorar el riesgo que pueden correr otros familiares o personas del entorno de la víctima.
Quinta versión en 11 años
Los nuevos formularios permitirán identificar determinadas conductas de control y violencia, así como a las víctimas especialmente vulnerables «cuando ciertos indicadores se den de manera combinada y con un peso específico». Esta es la principal novedad que incorpora este nuevo protocolo policial, que se implementará antes de final de año, según han señalado fuentes de Interior.
Esta es la quinta vez que se actualizan estos formularios que se realizan de manera obligatoria desde el año 2007. «Hemos visto indicadores que tenemos obligación de retocar porque vemos que están muy presentes en muchos casos reincidentes y especialmente en casos de violencia más grave e incluso casos de violencia letal», ha argumentado Rodríguez.
La nueva versión del sistema de valoración policial del riesgo tiene menos indicadores que la anterior, que data de 2016 --alrededor de 30 ítems-- y «mejora su formulación y el peso asignado a cada uno de ellos», según ha aclarado Rodríguez. «El nuevo procedimiento incluye unos nuevos formularios que han estudiado y aprendido de los anteriores, y con lo cual están más evolucionados», ha agregado.
Las mujeres que denuncian violencia machista en una comisaría de Policía o Guardia Civil no pueden abandonarla sin que esa valoración haya sido cumplimentada por un agente. El proceso de evaluación tarda alrededor de dos horas en culminarse, en función de riesgo apreciado, se imponen unas medidas de protección policial u otras.
Los agentes clasifican el riesgo en no apreciado, bajo, medio, alto y extremo y, tras ello, se incorpora al Sistema VioGén. Según los datos a fecha 31 de octubre, se mantiene a 10 mujeres en riesgo extremo, 170 en alto, 5.165 en riesgo medio, 25.653 en riesgo bajo y 25.709 en riesgo no apreciado, de más de 56.700 casos activos, aunque es un sistema «vivo» que varía continuamente.
Además de la declaración de la denunciante, el procedimiento para realizar la valoración policial implica una «investigación policial más amplia». De hecho, según sostiene Rodríguez, el funcionario tiene que ser capaz de cumplimentar alrededor del 80% de la valoración policial «sin preguntar absolutamente nada a la víctima».
Formación en perspectiva de género
De ahí la importancia de la formación en perspectiva de género de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En ambos cuerpos, existen unidades especializadas en violencia de género, pero hay una parte de funcionarios que recepcionan denuncias por violencia de género y «no son especialistas», ha admitido Rodríguez. «El funcionario que tiene formación en perspectiva de género sabe que la víctima no va a decir de entrada todo lo que hay, va a minimizar el riesgo o desdecirse. No podemos someter la valoración al único criterio de las manifestaciones de ella, que son muy importantes, pero no es lo único», ha dicho.
La comisaria ha afirmado que esta formación específica «falta en la primera línea de atención al ciudadano». Cuanta mas formación, más se comprende», ha recalcado. Los agentes que recepcionan una denuncia por violencia machista tienen en su mano la posibilidad de elevar el riesgo apreciado en la valoración policial, «conforme a su experiencia».
Además, los casos monitorizados se siguen reevaluando con el paso del tiempo: cuanto más alto sea el riesgo se hace con mayor asiduidad. Asimismo, en el caso de que se produzca una nueva denuncia, también vuelve a analizarse.
«Lo normal es que no haya incidencia, y el caso siga en riesgo no apreciado. Luego va evolucionado y se inactiva cuando se considera por parte de la unidad policial asignada que evoluciona favorablemente. Los casos inactivos (sin medidas de protección directas) quedan reflejados en el sistema, pero se pueden activar «en cualquier momento», ha expresado Rodríguez.
De hecho, durante el VII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, celebrado el pasado mes de octubre en el Senado, la comandante responsable del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, Alicia Vicente Expósito, afirmó que con el nuevo sistema «se prevé que habrá más casos en el sistema que pasen a estar activos».
«Focalizar más en el agresor»
Durante todo el proceso de evaluación del riesgo, «toda la protección gira en torno al control de la víctima», teniendo en cuenta que muchas que «ponen pegas» para ser protegidas porque quieren hacer vida normal o porque no son conscientes del riesgo que corren, según ha subrayado Rodríguez. «Una de las asignaturas pendientes que tiene todo el sistema, no solo el de la Policía y Guardia Civil, es focalizar en el autor más todavía», ha aseverado.
«Focalizamos mucho en la víctima porque es a la que hay que proteger, pero a veces lo último que quiere es que la Policía contacte con ella para saber si quiera si está bien», ha dicho, abogando por repensar un enfoque que ponga «más esfuerzos» en los agresores.
Precisamente esta cuestión se puso encima de la mesa en el Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género , donde varios de los especialistas en violencia de género avisaron de que «la gran figura olvidada es la del agresor», al tiempo que reclamaron reformas en este sentido para mejorar la protección de las víctimas.