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ERC se opondrá a la exhumación de Franco si el Gobierno no anula los juicios franquistas

El portavoz de ERC, Joan Tardá, durante una intervención en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. | Efe

| Barcelona |

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha anunciado este lunes que su formación votará en contra del proyecto de ley para exhumar a Franco del Valle de los Caídos si el Gobierno central no aprueba su enmienda para anular todos los juicios de tribunales franquistas.

En rueda de prensa, ha presentado la enmienda sobre la Ley de memoria histórica que ERC registrará en el Congreso y ha asegurado que tienen el «compromiso» verbal de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de aprobar esta enmienda y anular así los juicios franquistas, por lo que confía en que lo cumplirán.

La enmienda declara la «nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones» de los consejos de guerra dictadas por causas políticas por la dictadura franquista fuera de Catalunya.

Tardà ha recordado que ERC apoyó el Real Decreto de la exhumación de Franco porque «a cambio el Gobierno español se comprometía a anular todas las sentencias franquistas», de manera que, si el Ejecutivo de Sánchez no cumple, retirarán su apoyo a la exhumación.
«Si no cumplieran tiraríamos atrás el Real Decreto de la exhumación de Franco. Nosotros hemos cumplido, ellos tienen que cumplir», ha advertido.

El dirigente de ERC ha lamentado que solo tengan un pacto verbal con el Gobierno en esta cuestión, ya que cree que la reforma de la ley de memoria histórica debe ser más profunda y ha explicado que presentarán unas 20 enmiendas, que espera que puedan tirar adelante.

Enmienda

Tardà ha recordado que en 2017 el Parlament ya aprobó una ley que anulaba las sentencias franquistas en Catalunya y ve necesario extenderlo al resto del Estado.

«España tiene que legislar una ley que, como mínimo, sea igual de ambiciosa que la que se aprobó en el Parlament», ha afirmado.

Además, la enmienda establece que el Gobierno debe publicar «en el plazo máximo de un año» en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el listado de todos los ciudadanos que fueron condenados por los tribunales franquistas.

En esta iniciativa, se incluyen las sentencias los tribunales de las Auditorías de guerra, los tribunales de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas, y el Tribunal de Orden Público.

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