«La imagen es horrible». El daño es «irreparable». Un golpe «terrible». La gestión que ha hecho el Supremo del caso del impuesto de las hipotecas ha convulsionado a la Justicia y ha acrecentado la preocupación de jueces y fiscales por el impacto que puede tener sobre su prestigio.
Magistrados del Supremo, del Constitucional, de la Audiencia Nacional, jueces de audiencias provinciales, fiscales, abogados y representantes de asociaciones consultados por Efe coinciden, con matices, en su inquietud y malestar por lo ocurrido.
Porque la sucesión de acontecimientos en la Sala Tercera (la de lo Contencioso-Admninistrativo) del Supremo en relación con el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de hipotecas ha agravado un discurso que cala con cierta facilidad y frecuencia en la ciudadanía: que los jueces no son independientes.
Llueve sobre mojado. Un informe de este año de la Comisión Europea sitúa a los españoles como los sextos más críticos de la UE con la independencia de sus tribunales y jueces. Un 49 % dice que el nivel en España es «muy» o «bastante» malo. Por detrás solo quedan Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Italia y Eslovenia.
El CIS no hace un monográfico sobre Justicia desde 2011, cuando el 48 % de los encuestados dijo que funcionaba mal o muy mal y otro 28 % optó por el «regular».
A eso se suman las recomendaciones en las que insiste el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa y que España no atiende, buena parte de ellas relativas a los parlamentarios, pero también al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
División
Ése es el contexto en el que se ha producido el debate sobre el impuesto de las hipotecas en el Supremo, que ha concluido con la decisión de una Sala dividida (15 a 13) de que sean los clientes los que asuman su pago.
«La imagen es horrible. Es una opinión prácticamente unánime en la carrera judicial, en los chats en los que estoy, las asociaciones...», lamenta un magistrado de la Audiencia Nacional.
La mayor parte de los consultados asegura no entender por qué el presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo, convocó el pleno y menos por qué lo hizo con tanta urgencia después de que la sección especialista en el asunto decidiera que el impuesto debía pagarlo la banca.
Uno de los magistrados de la Sala Tercera lamenta lo ocurrido, pero también las filtraciones sobre los debates. «Lo que se debate en el pleno es sagrado, es una gran deslealtad».
Sobre el fondo del asunto, un fiscal añade otra clave: «Si pasara algo similar en la Sala de lo Penal sería un escándalo. Imagina que la sala que está conociendo el procés dice una cosa, al presidente no le gusta y convoca un pleno para que se revoque la decisión. Es una cosa extrañísima, como mínimo».
Y precisamente ahí radica uno de los principales miedos de otros tres magistrados del Supremo consultados por Efe: el daño al prestigio del alto tribunal a pocos meses del juicio del proceso soberanista catalán.
Coinciden en ese temor en el Constitucional, donde recuerdan que hasta hace poco era ese tribunal el objeto de campañas de desprestigio por sus decisiones sobre Cataluña y que ahora es el turno del Supremo.
Tampoco las principales asociaciones profesionales del sector ocultan el malestar por lo ocurrido.
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ve «lamentable» la gestión del caso en el Supremo, aunque critica que se utilice la situación para atacar al sistema judicial en su conjunto y defiende la profesionalidad y la independencia de los tribunales.
Para Juezas y Jueces para la Democracia, considerada de corte progresista, el daño a la imagen de la justicia es «irreparable» y exige la dimisión tanto del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, como de Díez Picazo.
Y más allá van la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que ven a los partidos y a su «juego político» para nombrar vocales afines en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el origen del desprestigio de la justicia.
Al sistema de nombramiento de esos vocales apunta también el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.
«Lo único que pido es que elija quien elija lo haga sin apariencia de politización, que haya consensos entre las fuerzas políticas para elegir a los vocales del Consejo, que no parezca que haya cuotas, que ningún juez del CGPJ aparezca ya en la primera sesión con un sello de cualquier partido político», dijo ayer en una conferencia.
Un exmagistrado, ahora abogado, señala también a la influencia de los políticos en los nombramientos como uno de los principales motivos del «deterioro evidente» de la imagen de la Justicia.
Pero va más allá y afirma que en España «se ha caminado hacia una justicia formal donde se decide a qué resultado se quiere llegar y luego, cual plastilina, se manipula la ley por el que está llamado sólo a interpretarla y aplicarla (el juez) para darle la forma más conveniente».
Para otro de los letrados consultados, la solución pasaría por que debates como el del pleno de la Sala Tercera fueran públicos y los votos de los magistrados también, como ocurre en la Suprema Corte de Justicia de México. Lo contrario permite que cale la idea de que no hay seguridad jurídica y que todo se negocia «entre bambalinas».