El Gobierno y Podemos han acordado blindar el sistema sanitario público contra las privatizaciones, para lo cual se creará una comisión que en un plazo de seis meses analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revertirla, garantizando su carácter universal, gratuito y público.
Esa comisión estará integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como por colectivos sociales.
El texto del acuerdo señala que «se ha utilizado la excusa de la crisis económica para debilitar la sanidad pública y propiciar su progresiva privatización», por lo que «sigue siendo necesario blindar nuestro sistema sanitario contra corrientes privatizadoras y ataques por parte de sectores interesados».
El Ejecutivo y Podemos han acordado también trabajar con las comunidades autónomas para que la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares sea gratuita durante el periodo que va entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria, para que nadie se queda sin cobertura debido a un problema burocrático o a una interpretación dispar.
Además, se extenderá este derecho a los padres que llegan desde países extracomunitarios, reagrupados por sus hijas e hijos con nacionalidad española, eliminando la práctica que viene desarrollando desde 2012 el Instituto Nacional de la Seguridad Social de negarles atención sanitaria.
El acuerdo recupera también la asistencia sanitaria gratuita para los españoles que residan fuera de España más de 90 días.
Estas tres últimas medidas se harán efectivas a través del reglamento que desarrolle el real decreto-ley de universalización de la sanidad, que fue convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre y que será tramitado por el procedimiento de urgencia.