El Gobierno se plantea penalizar a los propietarios de viviendas vacías. Así lo publica El País basándose en un informe interno sobre la situación de la vivienda social elaborado por la Secretaría General de Vivienda.
Al parecer, y siempre según ese diario nacional, el Ejecutivo quiere dar un giro a la regulación de la vivienda como un «servicio público de interés general».
Las medidas coercitivas no se limitarán a las viviendas propiedad de los bancos si no también de las personas.