El Gobierno va a proceder a revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) con el objetivo de reformarla y actualizarla desde una perspectiva de género. Para ello, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha puesto en marcha un Consejo Asesor integrado por mujeres «de enorme prestigio» en el campo de la magistratura y de los estudios de género.
Así lo ha manifestado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Celaá ha destacado que el Ejecutivo va a proceder a revisar la ley «habida cuenta de todos los problemas que enfrenta la lucha contra la violencia de género».
El consejo asesor estará integrado por la ministra, quien lo presidirá, y por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, que ocupará la Vicepresidencia
Los vocales del consejo asesor serán la magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y vocal permanente de la Comisión General de Codificación, Ana María Ferrer García; la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente; la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla y vocal permanente de la Comisión General de Codificación, María Isabel González Cano; la abogada del Colegio de Abogados de Baleares María Durán i Febrer; y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Valencia y presidente de la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, Juan Luis Gómez Colomer.
Desde el Ministerio destacan que los miembros del órgano «no percibirán ninguna retribución, salvo el pago de los gastos de desplazamiento y hospedaje a los que residan fuera de Madrid». «El funcionamiento del consejo será atendido con los medios existentes en el Ministerio de Justicia por lo que no supondrá incremento alguno del gasto público», apuntan desde el departamento que dirige Delgado.
El consejo podrá, igualmente, pronunciarse sobre otras medidas y proyectos legislativos de Justicia y proponer las reformas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico a «las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de género, particularmente en los ámbitos civil y penal».
Al margen de la comisión general de codificación
En este consejo asesor, según ha incidido la portavoz del Gobierno, se va a proceder a trabajar «para proceder a la actualización de la ley».
Hace dos meses y medio, la ministra de Justicia encargó a la Comisión General de Codificación --el órgano al que el Gobierno encomendó la tarea de revisar la tipificación de los delitos sexuales después de la sentencia de La Manada-- también el estudio de una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género.
La Sección Penal de la Comisión General de Codificación recibió el pasado 28 de abril el encargo de examinar los delitos de agresión y abuso sexual y determinar su corrección técnica para, en su caso, proponer la reforma del Código Penal. También tiene la orden de analizar si, desde una perspectiva de género, resulta necesaria la modificación de otras normas, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal.