El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quiere devolver a las comunidades autónomas la competencia sobre la regulación de los horarios lectivos del profesorado de centros públicos y concertados y bajar el número máximo de alumnos por aula, según consta en el borrador de anteproyecto de Ley para la mejora de las condiciones de desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
Con esta nueva normativa el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere «restablecer» la situación previa a la aprobación en abril de 2012 del decreto de racionalización del gasto público educativo del PP, conocido como 'decreto de recortes', según consta en este borrador.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, someterá este texto a debate con las comunidades autónomas el próximo lunes 30 de julio en la que será la primera Conferencia Sectorial de Educación con el nuevo Ejecutivo socialista. Fuentes del sector han avanzado que el Ministerio ha convocado a los sindicatos de enseñanza a una reunión este jueves 26 de julio.
El Gobierno anterior estableció en su 'decreto de recortes' el incremento de la parte lectiva de la jornada de los profesores hasta un mínimo de 25 horas en educación infantil y de 20 en las restantes enseñanzas.
El ministerio que dirige Isabel Celaá argumenta en este documento que «parece razonable revertir la situación y dejar nuevamente margen a las diferentes administraciones educativas para la regulación de la materia». Asimismo, defiende que esto «no afecta a la jornada laboral de los docentes» y asegura que «se mantiene en los mismos límites que para el resto de los empleados públicos».
En cuanto a la ratio de alumnos por aula, el decreto aprobado por el Gobierno del PP en 2012 estableció la posibilidad de que las autonomías aumentaran hasta un 20% el alumnado, es decir, pasando de 25 a 30 alumnos en educación Primaria, y de 30 a 36 en Secundaria.
El ministerio explica que esto estaba condicionado a la tasa de reposición del profesorado en los Presupuestos Generales del Estado del 50% -sustitución de la mitad de los que se jubilan- y sostiene que con una reposición en la actualidad del 100% el mantenimiento de esta medida es «innecesario».
«La supresión de esta medida no tiene impacto en el gasto público y, sin embargo, su mantenimiento si tiene un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza que se ven afectados con la elevación del numero de alumnos por aula», apunta el departamento de Educación, que quiere volver a un número máximo de alumnos por aula de 25 para la educación Primaria y de 30 para la educación Secundaria obligatoria, como establecía la LOE, la ley educativa aprobada en 2006 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Asimismo, la futura norma tiene por objeto restablecer la situación sobre las sustituciones de profesores por baja médica, modificadas por el mencionado decreto que elevaba a 10 días el plazo para reemplazar a un profesor. Aunque se modificó en 2015, en base a unas excepciones, el ministerio señala en este texto que, aunque se «alivió» la situación, sin embargo continuaba siendo «especialmente gravosa y excesivamente rígida» para la organización de los centros educativos.