La Fiscalía belga rechazó este miércoles la euroorden de entrega a España de los exconsejeros catalanes huidos en Bélgica Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por «defectos de forma».
Comín, Serret y Puig comparecieron este miércoles ante el juez de instrucción belga que estudiaba las euroórdenes de detención contra ellos emitidas por el Tribunal Supremo español.
Los exconsejeros, acompañados de sus abogados, informaron a la prensa al término de su declaración de la decisión de la Cámara del Consejo belga, que ha «rechazado la ejecución» de la segunda euroorden dictada contra ellos por «la irregularidad de su forma».
Los abogados explicaron que la decisión de la Justicia belga se acoge a que «no hay equivalencia» entre la segunda euroorden de detención y la orden de detención nacional.
Según el letrado Jaume Alonso-Cuevillas «la petición cursada por el Estado español era irregular en aplicación de un conocido precedente europeo», la sentencia «Bob Dogi», según el cual «para que pueda cursarse una orden europea de detención, ésta tiene que estar respaldada por una orden nacional de detención».
Con la decisión del juez Pablo Llarena de retirar la primera euroorden de detención contra los cuatro exconsejeros -Comín, Puig y Serret y Clara Ponsatí- además del expresidente Carles Puigdemont «perdió vigencia la orden española de detención que la respaldaba».
«Lo observamos en el primer momento, y cuando llegó esta segunda euroorden, en seguida lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía belga», agregó, y dijo que «tanto la Fiscalía como la defensa se han mostrado conformes en que debía rechazarse la euroorden y no era admisible ni siquiera su estudio».
Cuevillas agregó que «el problema de forma» alude a «un problema de fondo» y es que «los hechos no son constitutivos de los graves delitos que está imputando la Justicia española».
El abogado dijo que «técnicamente» esta es «la misma situación» a la que se enfrenta Puigdemont en Alemania, aunque no se aventuró a «anticipar lo que pueda pasar», ya que «cada Estado tiene su propio ordenamiento jurídico».
La vista de este miércoles se produjo después de que el juez decidiese aplazarla el pasado 18 de abril a petición de la Fiscalía de Bruselas, que solicitó a las autoridades españolas más información para poder tratar las nuevas euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo.
El 5 de diciembre, el magistrado Llarena retiró las euroórdenes contra los cinco políticos secesionistas huidos a Bélgica, y volvió a activarlas el pasado 24 de marzo.
El 26 de marzo, la Fiscalía de Bruselas informó de que se habían puesto a disposición de la Justicia belga Comín, Puig y Serret, los únicos que permanecen en Bélgica después de que el expresidente Carles Puigdemont y la exconsejera Clara Ponsatí dejasen el país y se encuentren, respectivamente, en Berlín y en Escocia.
El 5 de abril, tras una primera comparecencia ante el juez belga, los tres fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares y el día 18 de abril el juez decidió aplazar la vista hasta este 16 de mayo por la petición de la Fiscalía.