El debate sobre la legalización de la eutanasia entre en el Congreso de los Diputados. ¿Hay que despenalizarla?, ¿en casos sería aplicable?
Según la proposición de Ley remitida por el Parlament de Cataluña, la eutanasia sería aplicable en casos de dolencia terminal, cuando se prevé que el dolor, tanto físico como psíquico, será permanente.
El Pleno del Congreso de los Diputados decidirá este martes si admite a trámite o no dicha proposición, cuyo texto fue aprobado en julio de 2017 con el apoyo de Junts pel Sí (formada por la coalición que crearon en su momento ERC y el PDeCAT), el PSC, SíQueEsPot (ahora En Comú Podem) y la CUP. Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra.
El texto consta de un artículo único en el que se propone modificar el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal para que queden exentos de responsabilidades los que «de manera indirecta o cooperando ayuden a morir de manera segura, pacífica y sin dolor» a una persona que lo pida de forma «expresa, libre e inequívoca».
Además, se indica que, el paciente deberá sufrir «una enfermedad terminal» o una «patología incurable» que le provoque un «sufrimiento físico o psíquico grave que se prevea permanente».
Con esta nueva redacción, se modificaría el texto actual del Código Penal en el que se recoge que, quien induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años, mientras que aquel que coopere con esta actividad también será castigado con la prisión. En este caso, con penas de hasta diez años, en el caso de que se ejecute la muerte.
Escuchar al paciente
El Código Penal también recoge la posibilidad de que la eutanasia se aplique «por la petición expresa, seria e inequívoca» del paciente y que éste sufra «una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar». En este caso, quien le ayudara a morir sería castigado «con la pena inferior en uno o dos grados» a las señaladas anteriormente.
Para el Parlament, una sociedad democrática «debe velar porque los que son vulnerables o están debilitados no puedan ser manipulados ni utilizados para atender a los intereses de otras personas» y, por este motivo ven necesaria una ley «de disposición y soberanía sobre la propia vida que garantice la libre autonomía personal y, a su vez, la protección de los colectivos más vulnerables».
Por ello, piden, además, que se escuche a la opinión pública que, según señalan, «va muy por delante respecto de las decisiones políticas en esta cuestión». Así, la iniciativa destaca que «todas las encuestas» realizadas por esta materia «han dado una amplia y creciente mayoría a favor de que se permita la eutanasia y el suicidio asistido».