El exconseller de Relaciones Internacionales del govern catalán Raül Romeva se ha proclamado «un demócrata» comprometido con la cultura de la paz y ha denunciado ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena la «criminalización» del independentismo por vías pacíficas.
Romeva ha comparecido ante el juez Pablo Llarena, que le ha comunicado los motivos por los que le ha procesado por los delitos de rebelión y malversación, junto a otros exmiembros del Govern, por la hoja de ruta unilateral a la independencia.
Según han informado a Efe fuentes cercanas a su defensa, el exconseller ha centrado su intervención en desvincular de cualquier expresión de violencia el programa independentista de ERC, partido con el que se presentó a las elecciones del pasado 27 de diciembre, y ha lamentado que, pese a ser legal, ahora se intente criminalizarlo.
En ese sentido, ha apuntado que Cataluña tiene «legitimidad» para ejercer la autodeterminación, un principio que ha dicho que apoya desde posiciones no nacionalistas, por el hecho de ser «un demócrata».
Romeva ha recordado ante el juez su currículum personal, vinculado a la cultura de la paz y la mediación en la resolución de conflictos, y ha asegurado que nunca ha estado ni estará de acuerdo con el uso de la violencia para conseguir fines políticos.
Tras reivindicar que en el Parlament se puede discutir cualquier idea política y que los diputados están amparados por la «inviolabilidad», Romeva ha criticado ante Llarena la actuación policial para impedir el referéndum del 1 de octubre, que a su parecer fue «desproporcionada».
Para el exconseller, una votación popular «masiva» como la del 1-O no podía reprimirse por la fuerza, teniendo en cuenta además que la celebración del referéndum no era delictiva.
El investigado ha aprovechado su intervención para argumentar que el Tribunal Supremo carece de competencias para investigarlo y denunciar los problemas que asegura se encuentra constantemente para acceder a las actuaciones y trabajar con su defensa.
Además, Romeva ha criticado que esté siendo investigado paralelamente por el juez de Barcelona que indaga los preparativos del 1-O, quien la semana pasada ordenó registrar la sede del Diplocat -entidad de la Generalitat que dependía de su consellería- para seguir el rastro de los pagos a observadores internacionales del 1-O, lo que podría suponer un delito de malversación.