El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena subraya en las euroórdenes de detención emitidas contra los soberanistas Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret que los miembros del Gobierno catalán ignoraron la previsión de los Mossos d'Esquadra de una «escalada de violencia» en el caso de que se siguiese adelante con la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Así lo expresa el magistrado en las euroórdenes, a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que hace referencia a la reunión que mantuvo el Govern el 28 de septiembre con los máximos responsables de los Mossos. En el encuentro, al que asistieron los entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y consejero de Interior, Joaquim Forn, los Mossos informaron de que se preveía «una escalada de violencia con brotes importantes de enfrentamiento» con motivo del 1-O.
«Los responsables del Gobierno (catalán) presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia con ocasión de los hechos acontecidos el día 20-S ante la sede de la Consejería de Economía», añade Llarena, quien reproduce en la orden de detención una relación de los hechos, con acontecimientos aquel día en el que la Guardia Civil trabajó «bajo el asedio de hasta 60.000 manifestantes».
De esta manera, Llarena señala que ante la posibilidad de que se produjesen sucesos parecidos a los del 20-S, la decisión del Govern fue que la votación del 1-O debía tener lugar. Llarena realiza un relato en las euroórdenes de detención que recorre el 'procés' desde la puesta en marcha de su hoja de ruta el 30 de marzo de 2015, hasta el referéndum del 1-O, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Además, adjunta copia de los artículos (7, 252, 432 y 472.5) del Código Penal que entiende que han vulnerado los líderes independentistas.
El papel ANC y Òmnium
Describe el proceso soberanista como una acción coordinada entre el Parlament, la Generalitat de Cataluña y las asociaciones ANC y Òmnium, y cifra el gasto público para la celebración del 1-O, «conforme a la evaluación hasta ahora practicada», en un total de 1.602.001,57 euros.
Asimismo, responsabiliza directamente a la ANC y Òmnium de «favorecer la creencia de que la proclamación de independencia era perfectamente viable» para «alentar a las masas», dirigidas según Llarena por el expresidente de la ANC y el presidente de Òmnium, los presos Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.