La obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico desde el 1 de marzo prevista inicialmente por el Gobierno, ha sido aplazada hasta nueva orden y está pendiente del dictamen del Consejo de Estado, antes de su aprobación definitiva.
Según han informado fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la fecha inicial prevista en el Real Decreto que regula la prohibición total de las bolsas de plástico en 2020 y el paso intermedio de cobrar por su uso en 2018 era una estimación.
Si bien ahora el Ministerio admite que no puede concretar una fecha para que el Real Decreto quede aprobado definitivamente, espera que eso suceda antes de que concluya el primer semestre de 2018. La iniciativa aspira a cobrar por las bolsas de plástico entre 5 y 15 céntimos de euro, excepto las muy ligeras, hasta su prohibición definitiva en 2020, menos las de material compostable.
El retraso, según fuentes ministeriales, obedece a que, tras estudiar las alegaciones que se aportaron al borrador de Real Decreto para reducir las bolsas de plástico y que incorporará al ordenamiento jurídico español la normativa de la Unión Europea, el texto ha estado precisamente, en estudio por la Comisión Europea para su valoración como norma técnica.
A este respecto, añaden que una vez recibida la respuesta, ahora se enviará al Consejo de Estado para que emita un dictamen y, con el resultado de estos dos procesos, el texto definitivo se elevará Consejo de Ministros para su aprobación.
El proyecto plantea prohibir la distribución total de las bolsas de plástico a los consumidores a partir de enero 2020, y, hasta entonces, obligar al cobro de las mismas.
Así, a partir de enero de 2020 se prohibirá la distribución de bolsas de plástico ligeras y fragmentables por parte de los comercios y su venta estará prohibida. No obstante, según señala el borrador, habrá dos excepciones: las producidas con material compostable y las bolsas más gruesas (de más de 50 micras) puesto que «sus características permiten una mejor reutilización» y tendrán que incorporar un contenido mínimo del 30 por ciento de plástico reciclado.
En concreto, el objetivo es prohibir la distribución gratuita de las bolsas de plástico ligeras, las que tiene un espesor de entre 15 y 50 micras, y que constituyen la inmensa mayoría de las que se consumen en España.
Sin embargo, las bolsas de plástico muy ligeras, de menos de 15 micras de espesor, seguirán siendo gratuitas «por razones de higiene o para contener alimentos a granel, como las empleadas para contener fruta, carne o pescado», tal y como se recoge en el borrador.
Según el texto del MAPAMA, las bolsas tienden a «dispersarse transportadas por el aire como basura debido a su reducido peso», lo que genera «contaminación» en las masas de agua, las riberas del mar y de los ríos y el medio terrestre, con «consecuencias graves sobre los ecosistemas». En este sentido, el ministerio señala que los efectos sobre el medio ambiente se «agravan en el caso de las bolsas de plástico fragmentable», que se disgregan en pequeñas partículas que son después ingeridas por seres vivos.
Con este proyecto, el MAPAMA pretende conseguir «una mayor limpieza» en el entorno y lograr «una mayor sensibilización» de la población por el «excesivo consumo» de productos de usar y tirar.
En la última década, España ha reducido el consumo de bolsas de plástico a la mitad, pasando de 317 bolsas por habitante en 2007 a 144 bolsas por habitante en 2014, según datos del sector.