El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha razonado este jueves su decisión de reclamar la detención nacional de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel tras su incomparecencia en el juzgado pero no su arresto internacional a Suiza al defender que «las órdenes de detención internacional no deben cursarse por sospechas».
«Tienen que cursarse el día que ya se sabe que los hechos tienen indicios racionales de haberse perpetrado y que ademas integran un delito grave en España y un delito grave en el país al que se le pide la colaboración», ha dicho en unas declaraciones emitidas por Televisión del Principado de Asturias (TPA).
En el caso de que sea necesaria pedir esa extradición, Llarena confía en el «rigor técnico» del sistema suizo. «Si verdadaramente se produjera la petición de colaboración al Estado suizo, el análisis por parte de las autoridades que les corresponda se hará con el rigor técnico que exigirá tanto la petición española como los propios justiciables que se opusieran a esa decisión», ha explicado.
Por otro lado, Llarena ha subrayado que no se puede hablar de presos políticos en el caso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el expresidente de ANC Jordi Sánchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o el exconseller Joaquim Forn. «No es el caso», ha comentado.
«Se trata de comportamientos recogidos en el Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a cometerlos, tienen que ser investigados», ha argumentado.