El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros huidos en Bélgica se reunieron este viernes con sus defensas jurídicas en la casa alquilada en Waterloo (sur del país) por el dirigente independentista.
El vicepresidente del Parlamento catalán, Josep Costa, que es miembro de la defensa de Puigdemont, y el abogado del exconsejero Toni Comín, Gonzalo Boyé, han participado la reunión, que comenzó alrededor de las 09.00 horas GMT.
Fuentes de Junts per Catalunya han confirmado a Efe que el objetivo del encuentro era estudiar las defensas jurídicas de los huidos a Bélgica desde finales de octubre. En el interior de la casa alquilada en Waterloo también se encontraba el Mosso d'Esquadra que suele acompañar al expresidente huido, así como su consejero personal, el empresario Josep Maria Matamala.
Pasadas las 11.30 GMT, la exconsejera Clara Ponsatí, Boyé y Costa abandonaron el lugar a la vista de los medios, pero se desconoce si siguen reunidos Puigdemont, Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret. «Yo no estoy reunido con nadie», dijo Costa a los periodistas que se encuentran en el exterior al abandonar el inmueble portando un ordenador portátil con el que no había entrado a la casa.
La visita de Costa a Bruselas se produce después de la polémica entre JxCat y ERC por la decisión que anunció el martes el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), de pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo medidas cautelares para tratar de dar garantías para la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat, vetada por el Tribunal Constitucional.
Un paso que JxCat, a través de su portavoz adjunto Eduard Pujol, tachó de «arbitraria y unilateral», al tiempo que advirtió de que podría chocar con la estrategia de defensa legal de Puigdemont, en la que precisamente participa Josep Costa junto con el abogado Jaume Alonso-Cuevillas.
El vicepresidente primero del Parlament también hizo públicas su discrepancias con Torrent el pasado miércoles y le advirtió de que la demanda de medidas cautelares a Estrasburgo no tendría «garantías de éxito» y que no había que hacer «el ridículo».