Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las compañías de telecomunicaciones Movistar, Vodafone y Orange por la subida de tarifas «al unísono» en sus paquetes convergentes, según ha informado la asociación en un comunicado.
Facua advierte a la CNMC de que este incremento de precios de los planes conjuntos de telefonía, Internet y televisión de las tres operadoras «puede responder a un pacto que sería contrario a la Ley de Defensa de la Competencia».
La asociación denuncia que los usuarios «sufren las consecuencias de un mercado dominado por un oligopolio que renuncia a competir y encarece continuamente los precios, aprovechándose de que desde hace años el Gobierno no regula limitaciones en las tarifas de los principales servicios».
En este sentido, recuerda que en los últimos tiempos las grandes compañías han comprado medianas y pequeñas operadoras como Tele2, Ono o Jazztel, «que habían introducido elementos de competencia en el sector».
Asimismo, la asociación de consumidores incide en que, aunque la última subida de precios ha tenido lugar este mes de febrero de 2018, sólo es «una más de una serie de incrementos que se vienen produciendo desde el año 2015».
La asociación apunta que estas subidas recuerdan a lo que la Directiva 2014/10/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 define como 'cártel': «todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales».
«Cabe cuestionarse por tanto la competencia real entre las tres operadoras», denuncia FACUA en su escrito a la CNMC, en el que añade que si la práctica totalidad del mercado está ocupado por ellas e igualan sus precios prácticamente a la vez, el usuario «se verá obligado a aceptar la subida impuesta unilateralmente al no disponer de una alternativa real a la que portar los servicios».