El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) delibera desde las 13.00 horas de este martes sobre las alegaciones que anoche presentó el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el resto de diputados electos de Junts per Catalunya (JxCat) contra el acuerdo por el que el tribunal de garantías impuso el pasado sábado determinados requisitos al Pleno de investidura en el Parlament. Entre ellos, prohibir una eventual investidura telemática o por delegación y la exigencia de que el candidato cuente con autorización judicial para acudir a la Cámara.
La reunión de los magistrados del TC se mantiene pese a que finalmente el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha decidido suspender la sesión parlamentaria prevista para este martes en espera, según ha explicado, de que el tribunal de garantías se pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno contra la investidura de Puigdemont.
El Pleno del TC se convocó de urgencia y se dio plazo a la Abogacía del Estado y al Parlamento de Cataluña hasta las 11.00 horas de este martes para que formularan sus alegaciones sobre este último movimiento de los diputados de JxCat, que ha sido interpretado en el seno de este órgano como un intento de «recurso encubierto» frente a las medidas cautelares dictadas el pasado sábado.
Puigdemont alegó ante el hecho de que el TC no acordó la admisión ni la no admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno español, sino que acordó medidas cautelares. JxCat considera que tanto la resolución como las medidas cautelares adoptadas son nulas de pleno derecho» y vulnera derechos fundamentalesa porque las medidas no han sido solicitadas por ninguna de las partes.
El Tribunal Constitucional dio a conocer este lunes los fundamentos jurídicos del auto adelantado el sábado, en los que admite que actuó sin que existiera precedente alguno pero con «urgencia excepcional» cuando acordó prohibir la investidura en ausencia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica. Se hizo para no dejar vacía de contenido la prerrogativa del Gobierno, que le otorga la propia Constitución, de lograr la suspensión automática de las disposiciones que impugna ante este órgano de garantías.
En la resolución del TC del pasado sábado los once magistrados que componían el Pleno extraordinario advirtieron expresamente al presidente del Parlament, Roger Torrent, y los demás miembros de la Mesa de la Cámara de las responsabilidades «incluidas las penales» en las que pueden incurrir en caso de no acatar la suspensión y seguir adelante con la investidura del expresidente catalán sin los requisitos exigidos. Finalmente no se producirá dicha investidura y este trámite ha quedado en suspenso.