Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos han sellado este miércoles por unanimidad el Pacto de Estado contra la violencia de género, que arranca con el compromiso de una dotación de 200 millones de euros y la puesta en marcha de las primeras 26 medidas en 2018.
Lo han hecho en la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la que se ha ratificado el acuerdo alcanzado en el Congreso el pasado mes de septiembre, que contempla una financiación de 1.000 millones en cinco años y más de 200 iniciativas para esta lucha.
«Hoy podemos decir que culminamos el Pacto contra la violencia de género», ha enfatizado la responsable del departamento, Dolors Montserrat, que ha querido dedicar este «histórico» acuerdo a «todas y cada una de las mujeres asesinadas en España»: 918 desde que comenzaron a contabilizarse en 2003, 47 de ellas este año.
De hecho, la ministra ha confirmado como un crimen machista el asesinato de una mujer en Sant Adrià de Besós (Barcelona) el día de Navidad a manos de su pareja; tras expresar su «más firme condena» por este hecho, la ministra ha enviado su apoyo y solidaridad al niño de 8 años que ha quedado huérfano y a los familiares y amigos de la víctima.
El acuerdo ha sido ratificado por unanimidad, si bien su financiación ha sido uno de los puntos más controvertidos del encuentro, al que las autonomías habían llegado exigiendo una dotación presupuestaria inmediata para su puesta en marcha.
Sobre ello, la ministra ha garantizado una financiación de 200 millones en los tres primeros meses de 2018, independientemente de si se tienen que prorrogar los Presupuestos Generales del año pasado o bien en unas nuevas cuentas en el caso de que el Gobierno lograra los apoyos para sacarlas adelante.
De esos 200 millones con los que se dotará al pacto el primer año, 80 corresponden al Gobierno central, 100 serán repartidos a las comunidades, y los 20 restantes a los ayuntamientos.
Asimismo, a lo largo de todo el 2018 empezarán a ponerse ya en marcha las primeras 26 medidas que no requieren reformas legislativas, relativas a mejoras en la asistencia y protección de las víctimas, en la sensibilización y la educación y en la formación de los profesionales que intervienen en el proceso.
Medidas como modificar los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones y mejorar los de detección precoz en el ámbito sanitario o el de la asistencia y protección a los menores, con estudios sobre su situación o la suspensión del régimen de visitas son algunas de ellas.
También se ha aprobado la creación de seis grupos de trabajo con las comunidades autónomas para coordinar acciones desde la Delegación del Gobierno contra la violencia de género sobre las medidas del pacto.
«Este pacto representa la hoja de ruta de la lucha contra la violencia de género, fruto del consenso, la unidad y la colaboración de todos», porque en esta batalla «no cabe ni la indolencia ni la indiferencia», ha resaltado Montserrat para hacer hincapié en que «es una lucha común que no entiende de ideologías».
Y el de hoy ha sido «un gran paso», pero «es solo el inicio» hasta conseguir que «ninguna mujer o niña más sean amenazadas, golpeadas o asesinadas por la cobardía machista».
Montserrat ha sido preguntada por la opinión que le merecía que la mayoría de las comunidades socialistas hayan enviado a directores generales o responsables de los institutos de la mujer regionales, a lo que ha respondido que es algo que carece «de importancia», porque cada una ha justificado la ausencia de sus consejeros.