El Congreso ha rechazado las propuestas presentadas por PP y Ciudadanos para evitar el adoctrinamiento ideológico de menores en las aulas. Ambos partidos se han apoyado en sus respectivas iniciativas, una ley en el caso de los naranjas y una proposición no de ley en el caso de los 'populares' que, sin embargo, no tuvieron el apoyo del resto de grupos de la Cámara.
El texto de Ciudadanos proponía la creación de una agencia «independiente» para inspeccionar los centros educativos de todo el país y garantizar que no se practica el adoctrinamiento en sus instalaciones. Según la norma, esta agencia estaría adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y tendría un director y cuatro consejeros, pero estaría dotada de personalidad jurídica propia, así como de plena capacidad pública y privada. Además, estaría sometida al control parlamentario y judicial.
Durante el debate, celebrado en el Pleno de este martes, los de Albert Rivera fueron acusados de «oportunistas» por la mayoría de partidos, que aseguraron que Ciudadanos llevaba esta propuesta al Congreso para «ganar un puñado de votos» en las elecciones de Cataluña convocadas para el próximo 21 de diciembre.
También el PP acusó a los naranjas de buscar «rédito electoral» con esta medida. Sin embargo, finalmente decidieron votar a favor de la ley «con la esperanza de que en su tramitación se llegue a un acuerdo dentro del Pacto educativo y Ciudadanos asuman el resultado del mismo para incorporarlo» al texto.
Pacto educativo
Ese ha sido uno de los argumentos del PP durante la defensa de su proposición no de ley: que se incluía dentro del acuerdo educativo que se está elaborando en la Cámara Baja y, por tanto, tendría el consenso de la mayoría de grupos.
La propuesta del partido mayoritario en el Congreso se basaba en reforzar las funciones de la Alta Inspección Educativa, el organismo que existe actualmente para vigilar en todo el país el cumplimiento de la Ley de Educación. En concreto, el PP planteaba la posibilidad de que pueda actuar de oficio y de instancia de parte y que tenga capacidad de inspeccionar el contenido de libros de texto y material escolar.
Además, contemplaba la capacidad sancionadora de las administraciones educativas y el refuerzo de las vías de colaboración entre la Alta Inspección y la Fiscalía.
En este caso, Unidos y PSOE han acusado a los 'populares' de querer extender la implantación del artículo 155 al ámbito educativo, mientras que los partidos nacionalistas aseguraban que esta medida supone una intromisión en sus competencias en esta materia. Por su parte, Ciudadanos reprochó al PP que esta propuesta era «calcada» a otro texto presentado por ellos hace semanas. Por eso han decidido votarlo a favor.