El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha alegado para pedir su puesta en libertad que el Govern no se ha reunido ni ha adoptado ninguna decisión desde que se le cesó por aplicación del artículo 155, aunque evita acatarlo expresamente como han hecho otros exconsellers en prisión.
El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha presentado un recurso de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en el que pide que revoque la decisión de la juez Carmen Lamela de enviarlo a prisión preventiva junto a otros siete miembros del Govern destituido en la causa en que los investiga por rebelión, sedición y malversación.
En su escrito el abogado alega, como argumento para negar la reiteración delictiva, que tras la aprobación del 155 se ha procedido en Cataluña a la disolución del Parlamento con el objetivo, que «comparte» Junqueras, «de participación en el proceso electoral fijado por el Gobierno de España».
«El Gobierno catalán no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre», dice en referencia a la fecha en que se aprobó la DUI, una declaración a la que atribuye un valor «estrictamente político».
«Sea como fuere -dice el recurso- y a pesar del valor estrictamente político de dicha declaración, lo cierto es que no parece existir ningún escenario por el que los investigados puedan ejecutar acciones de reiteración».
Califica además de «chocante» que Lamela apoyara el riesgo de reiteración delictiva en el hecho de que haya varios exconsellers huidos en Bélgica actuando como una especie de gobierno en el exilio y compara su criterio con el del Supremo, que valoró este hecho para destacar la comparecencia judicial de los diputados catalanes investigados en ese tribunal.
También destaca que Junqueras y los otros siete exconsellers en prisión preventiva, «a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña, acudieron a la Audiencia Nacional ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno».
Esta comparecencia ante la juez la hicieron, señala para rechazar el riesgo de fuga, a pesar de que corrían un «altísimo riesgo de detención e incluso de prisión provisional».
En cuanto a los delitos que le atribuye Lamela, niega la malversación porque no consta que se hiciera «gasto alguno de la partida presupuestaria supuestamente vinculada con el desarrollo del referéndum del 1 de octubre».
A juicio del abogado, tampoco se produjo rebelión porque no se produjo violencia y los hechos que recoge la querella de la Fiscalía contra los miembros del Govern «no van más allá de una singular interpretación de lo que ha sucedido en Cataluña durante los dos últimos años».
«La mayoría de las conductas o hechos que se describen resultan claros ejercicios de derechos cívicos (reunión, manifestación, expresión) contaminados de ilicitud por una sesgada visión de lo sucedido», afirma el recurso.
Insiste en que las movilizaciones en Cataluña no «son actos ilícitos integradores de una dinámica delictiva» porque ello querría decir que «se estaría criminalizando no sólo el derecho de reunión y manifestación, sino el conjunto del movimiento político de autodeterminación catalán, integrado por los representantes políticos, los partidos políticos, asociaciones de todo tipo y ciudadanos».
El letrado va más allá y recuerda en el recurso que la Constitución «protege al disidente político dentro de sus principios de tolerancia al discurso político pacífico, incluso cuando dicho discurso es perturbador o chocante».
Además de negar que Junqueras haya cometido rebelión y sedición, su defensa añade que estos tipos delictivos «simplemente no se encuentran previstos dentro de las competencias de la Audiencia Nacional», por lo que este tribunal no debería ser el que llevase el proceso contra ellos.