El juez que investiga los insultos y amenazas vertidos contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un chat de agentes de la Policía Municipal de la ciudad ha pedido datos a este Cuerpo sobre la identidad de los participantes en ese foro, han informado a Efe fuentes municipales.
En concreto, el juez ha solicitado que la Unidad de Coordinación Judicial de Policía Municipal proceda a investigar el contenido de ese chat, desvelado por un agente que considera que varios de sus compañeros pueden haber incurrido en delitos de odio.
Los policías llamaban a Carmena «vejestorio despreciable», entre otros insultos, y uno de ellos decía: «Lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros».
Hoy, eldiario.es ha desvelado más mensajes del mismo chat en la que algunos de los participantes alaban a Hitler, insultan a inmigrantes, llaman «hijo de perra» a Pablo Iglesias e incluso amenazan al agente que ha denunciado los hechos.
Ahora, el juzgado número 49 de Madrid ha pedido a la Policía Municipal la identidad de los «cinco o seis» agentes autores de ese tipo de comentarios.
El denunciante, amenazado incluso de muerte por varios de esos policías, ha tenido que recibir escolta policial, han indicado a Efe fuentes de CCOO, sindicato en el que milita y que ha criticado que otra centrales «sorprendentemente» estén haciendo declaraciones «en la que culpabilizan a la víctima».
Desde el sindicato mayoritario en la Policía Municipal, CPPM, sostienen que no aprueban las opiniones vertidas en el chat pero condenan «que expresiones privadas se hagan publicas por parte de un integrante del mismo, a saber por qué» y «sin embargo, esta persona, como administrador de un foro público policial, consintió descalificaciones hacia otros y nunca denunció».
«Buscar en el tiempo comentarios aislados sin conocer el contexto en el que se expresan es cuanto menos sorprendente, máxime cuando rápidamente el sindicato del que es delegado el denunciante ha juzgado de inmediato y sin respetar la presunción de inocencia amparada en nuestra legislación», añade CPPM en un comunicado en el considera «intolerable pretender poner en conocimiento de la autoridad judicial unos hechos y a la vez dar publicidad a los mismos perjudicando la imagen del Cuerpo».
Por su parte, la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) ha destacado que se trata «de mensajes privados, realizados en un grupo integrado por policías municipales en su mayoría, amigos y compañeros» y que pertenecen «a su esfera privada, dentro de su libertad de expresión, siendo vulnerado su derecho a la intimidad al hacerse públicos, y siendo catalogados como delito de odio sin haber sido juzgados».
AMPU reprueba el contenido de los mensajes denunciados pero considera que no son delito de odio al difundirse en un ámbito privado, y sostiene que si alguien se siente amenazado y el juez ve delito se debe sancionar, pero «no se puede mezclar este hecho con buscar repercusión en la sociedad y dañar la imagen de la Policía Municipal, mezclándolo con otros comentarios».