El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los exconsejeros que lo acompañan en Bélgica preparan desde este sábado su defensa de cara a su próxima cita con la justicia belga del 4 de diciembre, después de conocer este viernes que la Fiscalía de Bruselas pedirá su entrega a España.
El juez que este viernes presidió la primera vista del caso en la Cámara del Consejo, un tribunal de primera instancia belga, decidió posponer la audiencia hasta el próximo 4 de diciembre, la víspera del inicio de la campaña electoral para los comicios autonómicos del 21 de diciembre, para que ambas partes puedan preparar sus alegatos.
El abogado de Puigdemont en Bélgica, Paul Bekaert, dijo hoy a Efe que no se trata de «ganar tiempo» para la defensa, sino de un trámite «normal» para garantizar su derecho a «escribir todos sus alegatos e informar al tribunal» puesto que se trata de un caso «bastante complicado».
El letrado rehusó hacer comentarios sobre si cambiará su estrategia de defensa de cara a la próxima audiencia.
En ella, la Fiscalía de Bruselas pedirá que se ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) contra los exdirigentes catalanes por todos los cargos de los que les acusa la Justicia española salvo el de prevaricación; esto es, sedición, rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia.
Hasta ahora la línea de defensa de Puigdemont y de los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret se ha basado en argumentar que los acusados se someterían en España a un juicio político, no penal, y en cuestionar que los delitos que se les atribuyen estén incluidos entre aquellos que justificarían la entrega a España.
El equipo legal de los exdirigentes catalanes es el primero que debe presentar sus alegatos por escrito al juez, aunque Bekaert rehusó revelar cuándo tienen previsto hacerlo, tras lo cual será el turno de la Fiscalía.
La defensa tendrá después una última oportunidad para responder a estas «conclusiones» y deberá hacerlo a más tardar el 4 de diciembre, indicó el abogado.
Tras esa vista, la decisión de entregar a Puigdemont y los exconsejeros quedará en manos del juez, que podría tardar hasta dos meses en tomarla, ya que el plazo de 15 días que marca la ley solo se aplica cuando los encausados están en prisión, no para quienes están en libertad condicional como los exdirigentes catalanes.
En esta tesitura, el abogado belga estima que el proceso podría durar unos dos meses, aunque recuerda que la ley permite alargar los plazos bajo ciertas condiciones y advierte que algunos procesos de este tipo se prolongaron hasta cuatro meses.
«He tenido muchos casos y en general llevan dos meses», dijo Bekaert, recordando que en el procedimiento a los exdirigentes catalanes «la ley prevé que desde el 2 de noviembre todo debe terminar, incluida la casación, el 2 de enero».
La decisión del juez puede ser recurrida por ambas partes ante un tribunal de apelación y, en última instancia, ante la Corte de Casación.
Todo apunta a que el procedimiento seguirá abierto cuando el 5 de diciembre comience la campaña para las elecciones del 21D, a las que el expresidente autonómico catalán concurre como cabeza de lista de «Junts per Catalunya».
El juez no podría dictar medidas que impidan participar a Puigdemont y sus exconsejeros en actos políticos en Bélgica, según su abogado.
«No habrá otras medidas (...) Durante todo el procedimiento la libertad condicional y las condiciones permanecen en vigor», dijo a Efe Bekaert, quien precisó que las medidas cautelares impuestas a los políticos catalanes, que incluyen la prohibición de salir de Bélgica, no pueden cambiar.
Entre tanto, en vísperas de la campaña, Puigdemont y los exconsejeros intentan estructurar «de manera más estable» las actividades de lo que califican de «gobierno legítimo» en la capital belga, apuntan fuentes de su entorno, para lo cual una de las herramientas será su página web como plataforma de comunicación.
En Bélgica reciben además ocasionalmente el apoyo del partido nacionalista flamenco N-VA, que hoy llamó a sus militantes a sumarse a la manifestación impulsada por las asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural para el 7 de diciembre en Bruselas.