La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus cuatro exconsejeros que se encuentran en Bruselas alegarán ante la Justicia belga que la orden de entrega emitida por España no aclara sus supuestos delitos, sino que es un «ajuste de cuentas político», según el periódico «De Standaard».
En su opinión, el juez deberá rechazar las «euroórdenes», porque en ellas la Audiencia Nacional no imputó ningún acto «punible», destaca este diario flamenco, que asegura haber tenido acceso a los argumentos legales de los abogados de los cinco acusados que serán invocados el viernes.
Ese día Puigdemont y sus exconsejeros deberán declarar ante la Cámara del Consejo de Bruselas, un tribunal de primera instancia.
Juicio justo y Estrasburgo
Puigdemont debe demostrar que no va a tener un juicio justo en España para lograr la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en la crisis catalana.
«Dudo mucho que pueda convencer a la Corte de que no va a tener un juicio justo en España, alegando que miembros de su Gobierno están en prisión, o que Madrid le quiere juzgar por delitos políticos», explica el jurista holandés Rick Lawson, especializado en la Convención Europea de Derechos Humanos.
En caso de que el próximo viernes la Justicia belga decida extraditar a Puigdemont y a los otros cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bruselas, éstos «tendrán que acatar la decisión del tribunal» y defenderse en España en el proceso judicial abierto en su contra.
Para Lawson, es «comprensible» que a Puigdemont «no le guste la idea de volver a España y realmente esté convencido de que no va a tener un juicio justo allí», pero «objetivamente no tiene pruebas» de que eso vaya a ser así.
El propio Puigdemont informó de que, en caso de no lograr frenar su extradición en Bruselas, recurriría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegando que Madrid violará sus derechos básicos.
Asilo o extradición
Sin embargo, el Convenio Europeo por el que se rige ese tribunal no regula el asilo ni la extradición, ni tampoco los delitos políticos, sino que recoge los derechos humanos básicos que los países miembros deben respetar, como tratar dignamente a las personas en su territorio.
Por ejemplo, la Convención afirma en su artículo 3 que ninguna persona podrá ser sometida a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, y, según diferentes expertos consultados, «no existen pruebas de que eso haya ocurrido o que vaya a ocurrirle» a los políticos catalanes huidos.
«Si tan malas fueran las condiciones carcelarias en España o hubiese antecedentes de trato inhumano en ese sentido, entonces habría otras denuncias anteriores contra España. La existencia de precedentes también influye en la Corte», explica Lawson.
Los cargos que enfrenta Puigdemont están relacionados con el «delito político», lo que no es jurisdicción de este Convenio, firmado por los países europeos, incluida España.